Al acercarse el 35 aniversario de la masacre de los padres jesuitas y de sus colaboradoras, actualizamos este artículo publicado en la edición 87 de Contrapunto.
Por José Arnoldo Sermeño Lima.
Al acercarse el 35 aniversario de la masacre de los padres jesuitas y de sus colaboradoras, actualizamos este artículo publicado en la edición 87 de Contrapunto.
Este es mi modesto homenaje a la memoria de esos mártires.
Revisaremos las confesiones de los hechores de la masacre y repasaremos también el simulacro de juicio a los asesinos. Usaremos las declaraciones extrajudiciales de los encausados, el informe 136/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH/OEA) y un memorándum de la CIA, divulgado a la opinión pública en 2007. Nadie podrá acusar a estas fuentes de parcialidad en contra de los hechores.
Respecto a las declaraciones extrajudiciales, según los párrafos 136 y 137 del informe de la CIDH/OEA, ellas fueron concordantes con las pruebas balísticas, las armas empleadas y con las autopsias. No fueron arrancadas por violencia o intimidación, y quedaron validadas por el Art. 496 del Código Procesal Penal. Así fue resuelto por el Juez 4º de lo Penal, por la Cámara 1º de lo Penal de San Salvador y por la Corte Suprema de Justicia.
El 13 de noviembre de 1989 continuaba la ofensiva militar de la guerrilla sobre la capital. Entre otras cosas, el ejército creó una zona militar para el área que incluía las antiguas instalaciones de la Escuela Militar, el Estado Mayor y la colonia Arce, quedando esa zona a cargo del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, director de dicha escuela.
Esa noche catearon la residencia de los jesuitas de la UCA, estando al mando el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, apoyado por el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, ambos del batallón Atlacatl. Este batallón fue famoso por las masacres que efectuó contra la población civil durante la guerra.
La noche del 15 de noviembre, esos dos oficiales y el teniente Yussi Mendoza Vallecillos fueron convocados por Benavides. Según Espinoza, éste les dijo: “Esta es una situación donde son ellos o somos nosotros; vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector de nosotros tenemos la universidad y ahí está Ellacuría”. La declaración judicial agrega: “seguido esto señaló al declarante y le dijo: ‘Vos hiciste el registro (ayer) y tu gente conoce ese lugar, usá el mismo dispositivo del día del registro y hay que eliminarlo, y no quiero testigos. El teniente Mendoza va a ir con ustedes como el encargado de la operación para que no hayan problemas’ ”. Guevara Cerritos dio una declaración semejante.
En la madrugada del 16 llegaron a la residencia de los padres desde el interior de la universidad, donde habían entrado por el portón sur. El subsargento del batallón Atlacatl, Antonio Ramiro Ávalos Vargas (alias “Sapo” o “Satanás”) dijo haber conducido al sacerdote Segundo Montes Mozo a la grama de la residencia, donde también estaban llevando a los Padres Amando López Quintanilla, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Juan Ramón Moreno Pardo. El padre Joaquín López y López logró esconderse en una habitación.
Ávalos dijo que después del cateo, el teniente Espinoza -acompañado de Mendoza-, lo llamó para preguntarle “¿A qué hora vas a proceder?”, dando él entonces la orden al soldado del Atlacatl Oscar Mariano Amaya Grimaldi (alias “Pilijay”, que en náhuatl significa “Verdugo”). El primero confesó los asesinatos de Juan Ramón Moreno y Amando López. “Pilijay-Verdugo” declaró el crimen contra Ellacuría, Martín-Baró y Montes. El subsargento Tomás Zarpate Castillo, también del Atlacatl, acribilló a Elba y Celina Ramos.
Entonces apareció en el patio el padre López y López pero regresó de inmediato a la casa, sin hacer caso a los soldados que le llamaban. Uno de éstos le disparó. El cabo Ángel Pérez Vásquez, otro del Atlacatl, dijo que cuando revisó posteriormente el lugar, al pasar sobre el cuerpo del sacerdote, éste le agarró los pies, por lo que le disparó cuatro veces.
“Satanás” declaró que encontró a Elba y Celina quejándose, por lo que ordenó rematarlas al soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio, siempre del Atlacatl, quien “disparó una ráfaga como de diez cartuchos hacia el cuerpo de esas mujeres, hasta que ya no pujaron”. Por otra parte, Yussi Mendoza dijo que “un soldado desconocido se llevó una valija café claro”, con los cinco mil dólares del premio Alfonso Comín, otorgado días antes al Padre Ellacuría por sus gestiones por la paz en el país.
Antes de salir fingieron un enfrentamiento frente al parqueo próximo a la capilla; y con una ametralladora M-60 que instalaron frente al edificio del CIDAI y IUDOP simularon un ataque al Centro Monseñor Romero, que ya habían incendiado por dentro. En las puertas y paredes del Centro pintaron las siglas del FMLN; escribiendo también a la salida de la UCA otro letrero, diciendo que el Frente había asesinado a los sacerdotes por traidores.
Como muestra de lo que estaban hechos estos mártires, agreguemos que los hechores declararon que al inicio de esta operación -y en lugares diferentes de la casa- Ellacuría y Montes les habían reprendido por la acción y por el escándalo que hicieron cuando les exigían que abrieran las puertas. “Sé a qué han venido”, agregó Segundo. Por otra parte, los vecinos declararon que Martín-Baró llamó “carroña” a la tropa, cuando vio que con sus armas apuntaban a Elba y Celina. La valentía de los sacerdotes hizo a los militares ordenarles que se acostaran de cara a la grama del patio. Fue entonces cuando los vecinos escucharon una salmodia acompasada, como si el grupo de religiosos estaba en oración.
Ante el clamor nacional y especialmente internacional por la masacre, el ejército estableció una Comisión de Honor y otra de Investigación de Hechos Delictivos, cuyo jefe fue un oficial de alta en la Fuerza Armada, y sus detectives miembros de los antiguos cuerpos de seguridad. En enero de 1990 presentaron a nueve militares como causantes de los crímenes.
Entre el 26 y 28 de septiembre de 1991 se instaló el juicio. Además de Benavides, sólo fueron encausados: Ávalos, quien confesó el asesinato de los Padres Moreno y López; Amaya, que aceptó el crimen contra los Padres Ellacuría, Martín-Baró y Montes; Zárpate, que declaró haber disparado contra Elba y Celina hasta creer que estaban muertas; Sierra, quien aceptó que las remató; Pérez, que confesó el asesinato del Padre López y López. Mendoza y Espinoza confesaron haber dirigido la operación, secundados por Guevara Cerritos.
El juicio presidido por el Dr. Ricardo Zamora fue sui generis: tuvo 15 horas de lectura de la minuta, como para aburrir al más interesado; se ejercieron presiones psicológicas al jurado, como la presencia del coronel León Linares, entonces jefe del batallón Atlacatl, o la instalación de parlantes fuera de la sala transmitiendo a todo volumen marchas militares. El juicio se interrumpió el último día por una manifestación de aproximadamente 200 simpatizantes de los acusados y miembros del ejército, dirigidos por un oficial.
De todos los encausados, el jurado sólo condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza, los únicos que no pertenecían al batallón Atlacatl. Benavides no había aceptado cargo alguno, y Mendoza sólo fue acusado de decidir la muerte de Celina, a pesar de que ella y su madre murieron juntas y por las mismas balas.
Los otros procesados -que eran reos confesos- fueron absueltos por los crímenes; aparentemente por haber seguido órdenes superiores, haciendo caso omiso que desde los juicios de Nuremberg e incorporado a la legislación salvadoreña, la obediencia jerárquica no es causa de impunidad.
Si hubieran absuelto a todos, corrían el riesgo de que se afectara el financiamiento militar de los Estados Unidos al gobierno salvadoreño, que en ese momento se discutía en el Congreso norteamericano. En esa época era el segundo financiamiento más alto a nivel mundial, sólo atrás del que Estados Unidos daba a Israel. La aparente condena permitió que continuara ese apoyo, mientras el gobierno salvadoreño negociaba la aparente paz con el FMLN.
Los dos condenados fueron liberados el 1 de abril de 1993, amparados en la ley de amnistía, que decretó constitucional la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, reconocido dirigente arenero.
Este recuento de hechos quedaría inconcluso sin citar los siguientes párrafos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA:
En el párrafo No. 140 señaló que la orden dada al coronel Benavides para asesinar al Padre Ellacuría fue dada por el entonces coronel René Emilio Ponce, “en presencia y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes”. Además, “el coronel Oscar Alberto León Linares, comandante del Batallón Atlacatl, tuvo conocimiento del asesinato y ocultó pruebas incriminatorias. El coronel Nelson Iván López y López, asignado para ayudar en las tareas de la Comisión de Investigación, y el coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de dicha Comisión (quien además ‘encomendó al coronel Benavides la destrucción de pruebas incriminatorias’) también conocieron la verdad y la ocultaron. Ninguno de estos militares fue debidamente investigado, procesado y condenado.”
Hacemos un paréntesis para intercalar -sobre esa reunión-, una traducción libre de un memorándum de la CIA fechado 5 de marzo de 1992 y liberado a la opinión pública en 2007, que coincide con lo señalado por la OEA: “Individuos reportados como presentes en esa reunión incluyen al Jefe del Estado Mayor, coronel René Ponce, general (Juan Rafael) Bustillo, los directores de la Policía Nacional y al directorio de la inteligencia nacional, y varios otros militares de alta graduación. Desafortunadamente, todos los expedientes correspondientes a la presencia de alguno de estos oficiales en la reunión de la Escuela Militar fueron destruidos por alguno de los conspiradores.”
Retomando algunos párrafos del informe de la CIDH/OEA:
“141. De conformidad con todo lo dicho, la CIDH concluye que la investigación emprendida por el Estado salvadoreño con relación a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas en el presente caso, no fue emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir a algunos de los autores materiales y a todos los autores intelectuales del delito.”
“142. …La Comisión de Honor, compuesta en su mayor parte por militares y la Comisión de Investigación, presidida por otro militar, el teniente coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, se concertaron para…armar un conveniente ‘paquete de acusación’ destinado a encubrir a la cúpula militar…El poder judicial se prestó para llevar a cabo un proceso simulado de conocimiento incompleto que configuró una denegación de justicia. Por otra parte, los otros dos poderes públicos, el Legislativo y el Ejecutivo, se concertaron para amnistiar a quienes habían sido condenados, e impedir futuras investigaciones que pudieran culminar en la imposición de sanciones por tan horribles crímenes contra los derechos humanos. Todo ello afectó la integridad del pretendido proceso e implicó una manipulación de la justicia, así como un evidente abuso y desviación de poder, como resultado de lo cual estos crímenes permanecen hasta el día de hoy en la total impunidad”
Fuentes:
Ver el Informe n° 136/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos/OEA en:
https://www.derechos.org/nizkor/salvador/doc/jesuitas.html
Memoranda de la CIA:
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB492/docs/6-891119%20EMB%20Ellacuria%20Assassination.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB492/docs/7-891120%20DOS.pdf