La Sala Constitucional perpetró -la semana pasada- el más grave atentado contra el derecho ciudadano a recibir información, cometido desde que fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en marzo del año 2011.
En su acostumbrada manera arbitraria, abusiva e ilegal de extremilitarse en sus resoluciones, la Sala estableció -en una demanda sobre viajes al exterior de un ex presidente de la República- causales adicionales para denegar información pública a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
Ahora instituciones y funcionarios podrán rechazar peticiones de información porque los hechos “no fueron en su período de funciones”, “la entrega de la información tendría elevados costos para el Estado”, “la información podría ser utilizada para perjudicar a alguien” y otros criterios, subjetivos la mayoría.
Lo actuado por la Sala constituye un grave retroceso democrático. Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco reforman la LAIP vía sentencia judicial y neutralizan el proceso de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas que -a pesar de sus fallas e imperfecciones- es un avance significativo en el país.
Así se desnudan los magistrados que pretendieron erigirse como paladines de la legalidad y transparencia, que quisieron dar clases de moral y ética.
Lo que hacen estos vulgares leguleyos es evitarle a ARENA la vergí¼enza de reformar o derogar la LAIP en caso de volver al Ejecutivo. El partido oligárquico sería incapaz de gobernar con fiscalización ciudadana y rendición de cuentas, por eso la Sala le prepara condiciones para gobernar sin transparencia y de forma corrupta, como lo hizo en el pasado.
Por eso urge una fuerte presión social que obligue a los perversos magistrados a corregir esa nefasta resolución que abre las puertas al pasado de opacidad, de corrupción y de traición a los intereses ciudadanos.
La ruta que el país debe seguir no es el que propone la Sala Constitucional, sino en sentido contrario: se debe profundizar la transparencia en el Estado y promover la transpanrencia también en los partidos políticos, empresas privadas, organizaciones sociales, medios de comunicación y demás esferas de la sociedad.
Por eso es necesario que -a las expresiones de protesta de FESPAD, ISD, OGA, Secretaría de Transparencia y del propio Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)- se sumen las demás instituciones, organizaciones y sectores sociales honrados, honestos y probos.
Hay que revertir esta vejación de la Sala: este nuevo abuso de cuatro magistrados que quieren que el país retroceda y vuelva al pasado de intransparencia, oscurantismo y corrupción.