Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de un tratado bilateral entre El Salvador y Cuba, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de sentencias penales por parte de personas condenadas en el país de su nacionalidad. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación en la ejecución de condenas penales y promover la readaptación social de los reos.
El tratado, suscrito en San Salvador el 15 de octubre de 2024 y aprobado previamente por el Órgano Ejecutivo, establece un marco normativo para el traslado de personas condenadas, sujeto a una serie de condiciones. Entre ellas destacan la existencia de una sentencia firme, el consentimiento expreso de la persona condenada, la compatibilidad del delito con las leyes del país receptor, y el cumplimiento de ciertos requisitos, como que la condena pendiente sea de al menos seis meses y que no existan investigaciones o procesos abiertos contra el reo en el país de origen.
En el caso de El Salvador, la implementación del acuerdo estará a cargo de la Dirección General de Centros Penales, mientras que en Cuba será responsabilidad del Ministerio de Justicia. Las autoridades de ambos países también conservarán competencias específicas, como la facultad del Estado sentenciador de revisar las sentencias, conceder indultos o amnistías, y garantizar los derechos de los condenados.
El tratado incluye además un procedimiento detallado para la transferencia de personas condenadas y mecanismos para garantizar que el traslado no afecte la soberanía, seguridad o intereses del país trasladante.
