En los países andinos desde fines del año pasado un terremoto político ha sacudido mediáticamente al Ejecutivo y al Legislativo, sin embargo al presente no hay consecuencias políticas reales.
Del caso Monsalve al caso Boric
En septiembre estalló una denuncia grave contra el número 2 del ministerio de Interior chileno, el subsecretario Monsalve, estrella política del PS, a quien se denunció y actualmente tiene detención preventiva por un acto de violación a una trabajadora bajo su dirección. El caso que fue comidilla de la prensa chilena no genero sin embargo ningún daño al actual gobierno chileno, no obstante la acusación extra de uso de recursos del Estado de parte de Monsalve para hacer seguimiento a su presunta víctima días después del supuesto acto de violación y días antes de su denuncia. No conforme con esto, la prensa chilena tuvo un nuevo escándalo cuando en noviembre el abogado del presidente Boric se presentó para anunciar que el presidente chileno llevaba un juicio interpuesto en su contra por un presunto acto de Acoso y difusión de contenido íntimo de una denunciante. El hecho de esta revelación resulta extraña toda vez que es la misma defensa que revela este proceso que está en fiscalía (cuyos datos se mantienen en confidencialidad), como sea desde la vocería de La Moneda se ha descalificado a la denunciante mientras el presidente ha ignorado el caso sin mayores declaraciones al respecto. La oposición extrañamente tampoco ha aprovechado la oportunidad política de la situación, y ningún alto cargo del gobierno chileno ha caído, mucho menos se ha cuestionando la intocabilidad del presidente.
Un análisis político, jurídico y deontológico
Para la analista política y abogada Zully Pinchi la situación en el caso chileno se puede explicar desde estás coordenadas:
«Es relevante saber que la prensa hoy en día tiene el rol y función de proteger a su fuente de información porque hay muchas maneras de denunciar a un agresor y eso lo sabe bastante bien un verdadero periodista y sabe que si da un paso en falso, la victima será quien sufra las peores consecuencias, por eso es importante el cuidado a la hora de cómo se presenta una denuncia mediática, así como existe una relación entre sacerdote y confesado, abogado y patrocinado, es lo mismo el periodista y su fuente de información , hay un resguardo, una deontología forense . Solo me atrevo a decir que la presunta víctima deberá presentar las pruebas que tenga y poder con peritos, probar la autenticidad y aplicar la sanción de la ley como a cualquier ciudadano , pero para ello especialistas como los jueces , fiscales y vocales serán quienes emitan una sentencia a favor o en contra para el presidente de Chile . Sin embargo ya a estas alturas se debe bajo orden pedir que se eliminen los videos que atenten contra la intimidad de la víctima, nadie absolutamente nadie tiene derecho a utilizar , difundir en grupos de aplicaciones de teléfonos móviles, redes sociales , ni páginas webs, fotografías o vídeos personales realizados con sus cónyuges o parejas sin autorización, bajo ninguna circunstancia en ningún lugar de un estado de derecho ni de un gobierno democrático . Y sobre ese punto hay que cambiar las leyes y castigar con mayor severidad los delitos cibernéticos porque se da lugar a que cualquier persona haga los peores daños a otro baja la excusa cobarde del perfil falso . Por otro lado el presidente de Chile también debe probar toda la documentación que tenga para sustentar que fue acosado mediante correos electrónicos, porque ya lo decía el penalista italiano Carnelutti que las pruebas son la columna vertebral dentro de un proceso penal, y además hoy en día se ven casos de robo de identidad en las plataformas digitales , entonces hay que tener cuidado con ese punto porque debe probarse de dónde salieron esos correos si corresponden los códigos de la computadora o portátil, con el registro del teléfono móvil, la dirección física y que tenga vínculo con la presunta autora del delito que sindica el presidente Boric. En mi humilde opinión como abogada pienso que ambos tienen difícil probar lo que acusan porque en la actualidad con la inteligencia artificial que es una arma de doble filo se puede armar y desarmar historias fuera de contexto, pero si es importante se elimine todo registro de imágenes y videos que van contra la dignidad de una mujer y que se investigue realmente quién o quiénes estén detrás de la comisión del presunto delito. Sin embargo el Estado chileno mediante el ministerio de la mujer y del ministerio del interior debe proteger la vida e integridad de la presunta víctima y darle todas las facilidades para que pueda hacer un correcto y debido proceso , sin miedos ni pánicos, ya hemos avanzando mucho como mujeres independientes y libres y no debemos dar ni un solo paso atrás. La violencia es violencia y siempre hay que denunciarla sin ningún tipo de vergüenza».
Perú, otra vez Perú. A sangre y fuego
El caso peruano es más truculento e incluye una muerta. Un mes después del escándalo chileno, Perú no se quedó atrás. Como una novela negra, una noche un taxi era acribillado en la peligrosa Lima, el conductor resultó herido pero la peor parte se la llevó la pasajera, una joven abogada que quedó en estado crítico. Ella había sido asesora en el Congreso de la República hasta que fue despedida un par de meses antes. Un reporte televisivo reveló conexiones de su muerte con una presunta red de proxenetismo al interior del congreso de la república del Perú. Unos días después la ex asesora moría en una clínica a causa de las heridas de bala.
Lo que comenzó como otra historia de crimen en las calles reúne ahora un relato que en cualquier país haría tambalear a toda la institución, menos en Perú en donde parecen vacunados ante la indignación. ¿Hasta cuándo Catilina?
La noticia se internacionalizó y semanas después el congreso formó una comisión sobre el caso. La narrativa nos presenta una presunta red de proxenetismo la cual posiblemente a través de favores sexuales compraría votos en el congreso de Perú.
Mecanismos institucionales y desafíos
Comisión de Ética Parlamentaria: Ha sido criticada por su lentitud y falta de transparencia en casos de violencia de género. No cuenta con protocolos específicos para abordar acusaciones sexuales. Perú cuenta con la Ley de Acoso Político (Ley 31155): Aprobada en 2021, busca sancionar el acoso contra mujeres en espacios políticos, pero su aplicación ha sido limitada. El resultado es un clima de Impunidad: Muchos casos se archivan por falta de pruebas, presiones políticas o porque las víctimas retiran las denuncias ante amenazas o estigmatización. La falta de sanciones ejemplares perpetúa un ciclo de violencia y normalización de estas conductas.
Impacto en la prensa peruana
Según la narrativa de la prensa peruana se habría armado una red de prostitución en los pasillos del Parlamento, haciendo pasar a mujeres como secretarias u oficinistas a cambio de “prestarles servicios” a algunos diputados.
Como informa el medio peruano LimaGris:
«Entre tanto, el execrable atentado, tendría un autor intelectual, el abogado Jorge Torres Saravia, que gracias a las recomendaciones de Alianza para el Progreso (APP), ingresó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Este sujeto es mano derecha de César Acuña Peralta y Luis Valdez Farias, ambos mandamases de APP (…) Ella era una especie de “madame” que se encargaría de disfrazar a las señoritas que debían ingresar dentro de las oficinas del Legislativo para ejercer la prostitución, bajo la fachada de ser secretarias y/o asesoras. Sin embargo, quien se encargaría de reclutarlas era Torres Saravia, quien contrató a Vidal Gómez en el Parlamento por su “discreción”».
El artículo de Lima Gris titulado ”Congreso de la República APP: en medio de prostitución, violación y asesinato” aborda un escándalo vinculado a APP (un partido político al mando del magnate de la educación, Acuña), asociada al Congreso de Perú, relacionándola con graves delitos como explotación sexual, violación y homicidio. Según el titular y el contexto implícito, el texto probablemente denuncia cómo APP estaría involucrada en redes de corrupción y crímenes, señalando posible negligencia o complicidad de autoridades.
Se sugiere que APP podría servir como medio para facilitar actividades ilegales, como la prostitución (quizás vinculada a trata de personas), agresiones sexuales y casos extremos de violencia, incluyendo asesinatos. El artículo posiblemente critica la falta de transparencia o regulación por parte del Congreso, resaltando fallas éticas y legales que comprometen la seguridad pública y la confianza institucional.
Lima Gris, medio conocido por su enfoque en investigaciones críticas y denuncias de corrupción en Perú, enfatiza la urgencia de accountability y reformas para abordar estos vínculos entre funcionarios y delincuencia organizada.
