"A primeras horas de la noche del 22 de mayo de 1979, un grupo de jóvenes manifestantes fue atacado por elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno del general Carlos Humberto": Rafael Francisco Góchez.
A primeras horas de la noche del 22 de mayo de 1979, un grupo de jóvenes manifestantes fue atacado por elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno del general Carlos Humberto Romero. Varios murieron, entre ellos mi hermana Delfy Góchez Fernández, estudiante de Psicología de la UCA, quien estaba por cumplir 21 años.
Personalmente, el conocimiento e interpretación de las circunstancias que propiciaron su muerte ha sido un proceso lento y difícil, construido sobre la base de relatos y testimonios dispersos. Desde hace muchos años he tenido claro lo que ocurrió, lo cual pude confirmar posteriormente a través de publicaciones de personas que conocieron de primera mano los hechos, incluyendo algunas sobrevivientes.
El contexto social de 1979 en El Salvador y en toda la región era sumamente convulso. Desde hacía varios años, cinco organizaciones insurgentes se habían venido fortaleciendo, encaminadas a lanzar una ofensiva armada para derrocar a la dictadura militar, vía insurrección popular, ante la evidencia de que todos los espacios de oposición política pacífica habían sido cerrados de manera definitiva, brutal y sangrienta.
Del lado gubernamental, la única respuesta a las demandas sociales era la represión generalizada, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los antecedentes del 30 de julio de 1975 y el 28 de febrero de 1977, cuando sendas manifestaciones de protesta habían sido disueltas por militares a balazo limpio en las calles de San Salvador, no habían dejado duda del talante criminal del régimen del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977). Tal política continuó bajo el mandato del general Carlos Humberto Romero, quien ascendió al poder en 1977 de la misma forma que su antecesor: vía clamoroso fraude electoral y matanza en las calles.
Mi hermana Delfy había entrado a las luchas sociales a través de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias “30 de julio” (FUR-30, con sede en la UCA), que eran parte del Bloque Popular Revolucionario (BPR), frente de masas de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Entiendo que en aquel momento era muy difícil mantenerse al margen de una aguda polarización política. En tal contexto, muchos optaron por incorporarse a dichas organizaciones, con la plena disposición de sacrificar sus vidas para alcanzar los nobles ideales de justicia y libertad. (Otra cosa muy distinta es el talante moral de algunos dirigentes de aquellas organizaciones, lo cual se fue revelando en el tiempo hasta confirmar las más amargas certezas.)
El martes 8 de mayo, dos semanas antes de la fecha que titula estos párrafos, un grupo de personas que ocupaban la catedral metropolitana fueron atacadas con armas de guerra por la policía, con saldo de varios muertos que quedaron tendidos sobre las gradas del templo católico. Este hecho dejó en claro una vez más el modus operandi de los cuerpos de seguridad del régimen: cualquier manifestación de protesta iba a ser tratada de la misma forma. A partir de entonces, esa era una verdad ineludible y de conocimiento obligatorio para la dirigencia de los grupos insurgentes, fuesen de la cúpula o de mandos medios.
Por esos días, un grupo de militantes del BPR ocuparon la embajada de Venezuela (colonia Escalón, San Salvador). con fines de protesta política y plantear reivindicaciones sociales. Los miembros del cuerpo diplomático, inicialmente retenidos por los activistas, habían logrado escapar del recinto. A la fecha del martes 22 de mayo, el local tenía cortados los suministros de agua potable y energía eléctrica; además, la sede estaba rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad.
Ante tal situación, la dirigencia local del BPR decidió organizar una marcha para romper el cerco policial y extraer a sus compañeros de la embajada. Aunque la actividad fue promovida explícitamente como humanitaria para “llevar agua y alimentos” a los ocupantes, en realidad tenía un propósito militar de rescate.
El hecho es que el BPR, frente de masas de las FPL, mandó a un centenar de manifestantes, la gran mayoría desarmados, prácticamente como grupo de choque contra un cerco policial, a sabiendas de que los agentes del régimen tenían el aval para disparar sus fusiles de guerra G3, en espacio abierto y de manera indiscriminada, con toda la ventaja táctica, sin que necesariamente hubiese provocación de por medio.
En última instancia, yo respeto el compromiso que adquirió mi hermana Delfy en ese contexto social y dentro de la disciplina de la organización a la que pertenecía. Lo que no acepto es que aquellos dirigentes hayan enviado a tanta gente a esa misión, conscientes de que no tenían ninguna oportunidad de éxito y sabiendo que lo único que iba a producir eran muertos en las calles.
En lo que a mí concierne, tengo claro que la bala criminal que mató a mi hermana Delfy salió de un fusil de los cuerpos de seguridad del régimen asesino del general Carlos Humberto Romero; pero también sé que la planificación y el diseño culposo que la colocaron fatalmente en la trayectoria de una bala que todos sabían iba a ser disparada, fueron responsabilidad de la dirigencia de las FPL, a través de sus frentes de masas BPR y FUR-30.