Por Alessia Genoves
69 muertes en cárceles son naturales, o las causas del deceso son desconocidas. Así lo declara la Fundación Cristosal, en su último balance divulgado en el “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”. La cantidad responde a un proporción del 46% respecto de las 153 muertes documentadas en el informe, basado en el registro de organizaciones sociales y de la prensa, última que no siempre ofrece contrastes con los registros del Instituto de Medicina Legal (IML) -a juicio de Cristosal, “porque han declarado reserva de información”-.
374 días sin homicidios, por otra parte, han sido cuantificados por la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con sus informes divulgados de forma periódica. Sin embargo, el número de homicidios, a la fecha, es de al menos 63. La institución, además, identifica que los homicidios se han duplicado en lo que va del mes de mayo, respecto de los 8 homicidios identificados en abril de éste año. Tal incremento se observa a partir de los últimos 3 días, luego de que un informe extra-oficial advirtiera que la Mara Salvatrucha (MS) ha ordenado asesinatos contra sus rivales, “soplones, ventiladores y policías”.
“Derogar el Régimen de Excepción” ha sido una demanda recurrente por organzaciones sociales, entre ellas Cristosal, que han tramitado y reproducido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ello resonde a una presunta comisión de más de 4,077 vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, la cifra ha sido cuestionada por la Producaduría General de la República (PDDH) en 2022, al señalar que varias decenas de las denuncias responden a documentos de arraigo que superan en proporción al número de personas individuales o presuntamente afectadas.
No obstante, la concurrencia de atentados contra la población civil -en libertad- justifican la prevalencia del Régimen; así como la estimación de unos 13,021 miembros activos de maras y pandillas, según lo señala la PNC. La Asamblea Legislativa, en representación de los diputados de la Bancada Cyan y aliados, admás, justifican en los recursos para la prolongación del Régimen que tal disposición tiene lugar a un juicio de ponderación, donde las garantías suspendidas tienen mayor valor respecto del derecho al derecho a la vida (decreto No. 738, p. ej).
46% muertes naturales o sin datos
Cristosal indica en su reciente informe que al menos 69 de las muertes documentadas y compartidas con la prensa responde a muertes naturales, o causas de muertes “sin datos”. La primera causa de muerte referida puede cuantificarse en al menos 25 casos; mientras que la segunda, en al menos 39. La institución reitera que las muertes tuvieron lugar en el contexto del Régimen de Excepción, y bajo la “tutela del Estado”.
29 de las muertes reportadas, en un compendio acumulado de 153 muertes, responderían a muertes violentas, a juicio de Cristosal. Hay que resaltar que éste último dato sería declarado con una mayor seguridad, respecto de otras de los que la institución declara presumir que fueron muertes violentas. Es decir, hay otras 7 muertes documentadas, cuya causa fue “probablemente violenta”, a juicio de Cristosal. Además, expone otras 39 “muertes sospechosas de criminalidad”.
Destaca la institución que 47 de las personas registradas habrían perdido la vida éste año; por lo que, la diferencia aritmética define que al menos 113 de las muertes documentadas corresponden a las fechas en las que tuvo vigencia el Régimen, desde el 27 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022. ContraPunto ha contrastado al informe de Cristosal con las estadísticas oficiales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), concluyendo que el dato de 2022 sería mayor respecto de las 94 muertes en cárceles reportadas en 2020 y las 108 reportadas en 2019; pero menores respecto de las 130 muertes registradas en el año 2018.
Informó la Fiscalía General de la República (FGR) que hasta el mes de noviembre de 2022, no se identificarían muertes en centros penales provocadas por servidores públicos. Las declaraciones fueron expresadas por la representante de la institución ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Adela Saravia, quien además anunciaría el compromiso del Estado por investigar los escenarios de mortalidad.
Régimen y reducción de homicidios
14 prórrogas la Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido justificadas y sancionadas en la Asamblea Legislativa, en respuesta de la prevalencia de maras y pandillas. El romanos V de Decreto Legislativo No. 738 indica que dichas prórrogas buscan la contención de los miembros activos de pandillas cuya estadía habría causado la muerte de salvadoreños en más de 30 años. El Gabinete de Seguridad asegura que las maras serían las responsables de causar más de 114,000 muertes a salvadoreños, un dato que representa más del 98% de las 116,577 muertes identificadas por ContraPunto desde 1994 al 27 de mayo.
76,600 miembros activos de maras y pandillas han sido identificadas por la PNC. Sin embargo, de dicha cifra, se presume que al menos 13,027 pandilleros se encontrarían en libertad a la fecha del 16 de mayo de éste año. Dicha proporción resulta de la diferencia entre las 68,579 detenciones totales y de las 5,000 personas liberadas. Éste último dato sería divulgado por el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, quien aseguró que la liberación de personas responde al cumplimiento de sus garantías procesales y presunción de inocencia. Sin embargo, organizaciones sociales observan el hecho desde otra perspectvia.
Cristosal es junto con otra 7 organizaciones cuyas denuncias responden a un acumulado de 4,077 presuntas vulneraciones a los derechos humanos. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), presumiría de un registro de 677 presuntas vilneraciones; el Servicio Social Pacionista (SSPS), reportaría 187 denuncias y otras tales como la Fundación Amate El Salvador registraría 44 denuncias contra población LGBT. Hay que detallar que no todas responden a la privación de libertad. Sólo en el registro de Cristosal, dichos datos corresponderían al 98.5%; otro 25.9% correspondería al presunto allanamiento ilegal de morada y un 10.3% a presuntos malos tratos -que la organización no define-.
Pese a las controversias, el Régimen rendiría resultados en la contención de homicidios, de acuerdo con los informes de la PNC. A la fecha, se reportan 63 homicidios intencionados, durante el año; y sólo en el mes de mayo se observa un incremento del 50% en las cifras respecto a las únicas 8 declaradas por al PNC al cierre del mes de abril. Sin embargo, la comparación entre las 357 muertes del mismo período del año anterior resulta en un decrecimiento del -82%,
ContraPunto observa que los registros oficiales de homicidios intencionados se evidencia un descenso es sucesivo, y no mayor respecto de las 540 muertes del mismo período del año 2021, ni mayor a los 506 del mismo período del año 2020. También se establece una diferencia del 95.19% respecti de la cifras actuales y las 1,327 reportadas en el mismo período del año 2019. A la fecha, se estimaría un total de 374 días sin homicidios durante, en apenas pocos días de concretarse los 4 años en la administración del presidente Nayib Bukele, dato que sería cuestionado por Cristosal, al sostener que la información competente sería declarada bajo reserva.
