Caso Jesuitas abrirí­a las puertas de la justicia

Fueron asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el lugar donde viví­an e impartí­an clases. Su muerte generó el repudio de miles y el alivio de otros que se sentí­an amenazados por sus enseñanzas, en la actualidad, los sacerdotes jesuitas representan una puerta hacia la justicia para las ví­ctimas de la guerra que afectó a El Salvador (1980-1992). 

El asesinato de los seis curas de la Compañí­a de Jesús y dos de sus colaboradoras sucedió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y fue perpetrado, según la Comisión de la Verdad, por militares de la Fuerza Armada salvadoreña.

En el paí­s donde murieron las autoridades no actuaron a favor de la justicia, la Ley de Amnistí­a blindó a los hechores;  razón por la cual un juez de España, Eloy Velasco, a petición de los familiares de los Jesuitas de nacionalidad española, inició una lucha desde el 2011 para que los supuestos culpables sean capturados y extraditados.

Después de años de luchas legales cuatro de los 17 exmilitares solicitados fueron capturados  el pasado 5 de febrero, el mismo dí­a que se conoció que Estados Unidos habí­a aprobado la extradición  hacia España del excoronel Inocente Montano uno de los acusados por el crimen.

Ahora la petición de defensores de los derechos humanos que busquen y capturen a los prófugos y que las autoridades competentes den paso a la extradición de los militares retirados que fueron capturados. Los detenidos son el exsargento Tomás Zárpate Castillo, excoronel Alfredo Benavides Moreno, exsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, y Ángel Pérez Vásquez.

“A nosotros nos interesa que se dé la extradición porque es un caso que ha dejado mucho dolor y muchos familiares que son ví­ctimas. Nosotros como familiares de las ví­ctimas de la guerra sentimos ese dolor de cualquiera que sea, en ese sentido ya es tiempo que se haga justicia y se haga la extradición para que alcance la justicia, sino no avanza, por eso pedimos a la Corte (Suprema de Justicia) que extradite a los capturados”, dijo Guadalupe Mejí­a, del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos “Marianella Garcí­a Villas” (CODEFAM).

Mejí­a, una de las mujeres que ha luchado desde hace más de 30 años por saber dónde está su hermano y quien mató a su esposo, señala que la guerra que sufrió El Salvador durante doce años aún sigue presente en la vida de miles de familiares de las ví­ctimas que no pueden olvidar ese dolor porque la justicia parece haberles dado la espalda y el Caso Jesuita es “una luz en el camino hacia la verdad”.

“Si esto se logra (La extradición), se abre la  puerta de los otros casos, porque acá no ha habido ningún caso emblemático parea que se abra la puerta para los demás, en ese sentido es importante que eso se tome en cuenta”, enfatizó Mejí­a.

De igual forma, para el director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo Garcí­a, llevar a cabo  la extradición serí­a estar “cumpliendo con el reconocimiento de la verdad y dar acceso a la justicia a las ví­ctimas”.

“Exmilitares son inocentes”, dicen familiares

Por otro lado están los familiares y amigos de los militares retirados  quienes aseguran que los acusados están siendo ví­ctima de una persecución polí­tica y han pedido a las autoridades que no acaten la petición de España y dejen a los exmilitares en libertad y cesen la búsqueda de los que se encuentran prófugos.

Una de las familiares de los exmilitares dijo en ocasión anterior durante una marcha en defensa de los capturados que solicitan al “al juez (Eloy Velasco) que no se meta en cosas de nuestro paí­s, que el vea de su paí­s, que nosotros vamos acá a solucionar nuestros problemas. Esto ya fue juzgado, ya se dijo no hay capturas, sin embargo se hicieron el 5 de febrero. Nadie resuelve nada. Y es por eso que nosotros como familia estamos acá para exigir la libertad de los militares”.

El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistí­a en 1993. Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como fraudulento. De igual forma fue catalogado por Velasco.

Por su parte el coronel retirado y también exdiputado, Sigifredo Ochoa Pérez, señaló que a los exmilitares se les acusa y persigue “cuando nosotros lo que hicimos fue cumplir con la Constitución, acuérdese que las decisiones polí­ticas las dan los polí­ticos, la FAES ejecutó precisamente eso”.

Para Eduardo Garcí­a, de Pro-Búsqueda, las diferentes opiniones son válidas en este proceso, pero instó a las autoridades pertinentes a que apliquen la legislación, de manera que  se ciña “a la ley y no al cometario de defensores y acusadores”.

España agradeció captura de exmilitares

Recientemente España, por medio del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Garcí­a-Margallo, agradeció la captura de los cuatro exmilitares y “esperamos que el proceso continúe y que se haga posible que llegue a término por el procedimiento judicial que los dos paí­ses respetamos”.

El ministro español fue enfático en decir que este “es un tema que deberá resolver las autoridades judiciales de los dos paí­ses, los del ejecutivo nos limitamos a transmitir la peticiones de uno y otro poder judicial”.  

Hasta el momento el consejo de ministros español ha acordado solicitar la extradición de los detenidos para que sean juzgados en España por delitos de asesinatos terroristas y crí­menes contra la humanidad, tal y como pide el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Garcí­a-Margallo expresó que “l crimen que se cometió el 16 de noviembre de 1989 contra seis jesuitas y dos salvadoreñas es un crimen que permanece vivo en la memoria del pueblo español y del pueblo salvadoreño. La comisión de la verdad (1993) determinó con claridad la autorí­a del crimen".

En la guerra salvadoreña (1980-1992) murieron más de 70.000 personas, 8.000 desaparecieron y más de un millón fueron refugiados. Ni militares ni guerrilleros han sido enjuiciados por los crí­menes de lesa humanidad que cometieron por estar vigente una amnistí­a general desde 1993 que los protege.