Por Alessia Genoves
Diputado Alberto Romero es sometido al proceso de desafuero. La discusión del proceso se discute en la “Comisión de Especial de Antejuicio para el Desafuero de Alberto Romero”, en la Asamblea Legislativa. El objetivo que persigue es el de retirar la inmunidad parlamentaria del diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, de la fracción política Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y así enjuiciarlo penalmente por supuestos actos de corrupción, que no sólo incluyen la de naturaleza civil que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en sus haberes, por un monto de $445,766.05 USD.
$1,162,388.05 USD definen, por otra parte, el saldo que la FGR busca investigar en los haberes y el patrimonio de Alberto Romero. La acusación formal la dio a conocer el pasado 23 de agosto, tras la presentación del requerimiento fiscal ante los diputados de la Asamblea Legislativa. El requerimiento para iniciar el proceso de antejuicio “se fundamenta en que Romero es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, según señala el documento remitido por el Fiscal General de la República (FGR).
Detalles del procedimiento de antejuicio
Recibida la solicitud en la Asamblea Legislativa, el expediente del caso se envió para su estudio a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Este organismo legislativo procedió a analizar si la petición fiscal cumplía con todos los requisitos establecidos en la normativa procesal penal salvadoreña, concluyendo que efectivamente reunía las formalidades jurídicas.
En consecuencia, la Comisión discute la emisión del dictamen propuesto por la FGR, para dar inicio formal al proceso de antejuicio contra el diputado Romero por la supuesta comisión de los delitos señalados, recomendando al pleno “declarar ha lugar a formación de causa” en su contra.
Ahora el dictamen se encuentra en manos de los parlamentarios, quienes deberán aprobar o rechazar la recomendación de la Comisión. “Si se aprueba retirar la inmunidad, se designará una comisión especial de antejuicio y un fiscal para enjuiciarlo. De lo contrario, no podrá ser procesado”, según se describe el Dictamen No. 53, citado por ContraPunto, que contiene el requerimiento de la FGR.
El principal objetivo del proceso de antejuicio es “determinar si hay mérito para enjuiciar a un funcionario, no juzga su culpabilidad”, define la Comisión, en el texto oficial divulgado por la Asamblea Legislativa. Retirar la protección constitucional que provee la inmunidad parlamentaria es un paso previo que permite enfrentar un juicio penal por la presunta comisión de delitos comunes y civiles.
Principales hallazgos de la investigación fiscal
FGR detalla, en el Dictamen No. 53, que los principales hallazgos de la extensa investigación realizada al diputado Romero, que darían fundamento a la solicitud de enjuiciamiento penal. De modo que uno de los puntos centrales es que Romero habría recibido ingresos no justificados por $1,162,388.05 USD, entre los años 2011 y 2022, según acusa la FGR. A la fecha, no se ha presentado pruebas de descargo por parte de la representación jurídica de Romero.
En contraste, ContraPunto observa que en el informe se detalla los ingresos legítimos del diputado en ese mismo periodo apenas sumaron $500,158.81 USD. Por lo tanto, la FGR sostiene que se puede determinar la existencia de $401,835 USD que tendrían un origen desconocido y potencialmente ilícito, según la valoración de la FGR.
Asimismo, se detectaron varios depósitos bancarios irregulares realizados por personal del partido ARENA a cuentas vinculadas con el diputado, por un monto de $52,462.50 USD. Los depósitos fueron efectuados por una mujer identificada como María de Jesús Guardado (cónyuge del diputado), sin que se pudiera establecer el motivo o transacción comercial que justificara esas transferencias, de acuerdo con la FGR.
Por otra parte, en el análisis de las declaraciones de renta del funcionario y su cónyuge, se evidenció un subregistro grande entre los ingresos reportados ($363,935.87 USD) frente a los más de un millón de dólares que efectivamente se habrían percibido. Éstos último indicios, a juicio de la FGR, podrían constituir las evidencias para la formación de causa por el delito de enriquecimiento ilícito que Romero habría cometido.
Antecedentes del caso: condena previa por corrupción
Cabe mencionar que este no es el primer proceso legal que enfrenta el diputado Romero por acusaciones de corrupción. Previamente, la Sección de Probidad de la CCR ya había detectado una serie de irregularidades en su situación patrimonial. Derivado de aquellas pesquisas, el pasado 14 de agosto de 2023 la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque emitió una sentencia condenatoria en su contra en un proceso civil por el delito de enriquecimiento ilícito.
En esa ocasión se le ordenó la restitución al Estado de $445,766.05 USD, además de imponerle una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Ese antecedente judicial de alguna manera motivó y fortaleció la actual solicitud de la Fiscalía para desaforar al diputado y llevarlo a un proceso penal, en busca de aplicar todo el peso de la ley por los graves actos de corrupción que se le imputan.
El procedimiento legislativo de antejuicio contra el diputado Romero se encuentra en trámite, y la próxima reunión continuará éste lunes, a las 11:00 am, según se acordó en la Comisión. La Asamblea deberá decidir si aprueba o no el dictamen para retirar la inmunidad parlamentaria que protege al funcionario. De ser aprobado, quedaría expedito el camino para iniciar un controversial juicio penal en su contra por diversos actos de presunta corrupción.
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