El Ministerio Público de Venezuela respondió oficialmente a las declaraciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se refirió a los 252 ciudadanos venezolanos se encuentran detenidos en su país tras ser deportados desde Estados Unidos. La respuesta venezolana califica la situación como un caso de “secuestro” y “desaparición forzada”.
A través de un comunicado firmado por el Fiscal General Tarek William Saab, el gobierno venezolano denunció que los detenidos están siendo mantenidos “en un campo de concentración” y comparó el trato recibido con prácticas de regímenes totalitarios. “Constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX”, afirmó Saab.
La reacción surge luego de que Bukele escribiera en su cuenta de X: “Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”. El mandatario salvadoreño sostuvo que no se trata de presos políticos, en contraste con lo que ocurre, según él, en Venezuela. “A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos”, dijo dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro.
En el comunicado, el Ministerio Público venezolano rechazó ese señalamiento y exigió explicaciones a las autoridades salvadoreñas. “¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador?”, preguntó Saab, añadiendo: “¿En qué momento se les presentó ante un juez? ¿Si han tenido acceso a un abogado? ¿Si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención?”
Además, el fiscal solicitó a El Salvador la lista completa de detenidos, su estatus judicial, informes médicos y pruebas de vida. “Solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial”, expresó.
Saab también responsabilizó al gobierno salvadoreño por utilizar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como un “lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”, y acusó a Bukele de actuar “como experto en traficar con seres humanos”.
Finalmente, Venezuela instó a las organizaciones internacionales a intervenir y reclamó la liberación inmediata de los detenidos. “Se debe sancionar este proceder criminal que atenta contra los principios más sagrados de la convivencia internacional, la justicia y la paz”, concluyó el fiscal
