La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Milagro Guevara, aseguró que el derecho al agua de las comunidades San Rafael, Pandeadura, Cantón El Valle, La Puerta, Loma Larga y otras del municipio de Tacuba, Ahuachapán, estaría siendo violado por el alcalde del partido ARENA, Joel Ernesto Ramírez Acosta.
Este conflicto socioambiental pudo evitarse si el país contará con un marco regulatorio en la gestión del agua, y sirve como ejemplo para propiciar la discusión y el debate de dicha legislación en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, manifestó la funcionaria.
“Esta problemática se vuelve un conflicto social y esta conflictividad en la gestión del agua coincide en el 2005, mismo año que también inician la lucha por la Ley General de Aguas. Este caso se vuelve simbólico para suscitar la emergencia de la aprobación general de Aguas que establece mecanismos para la resolución de este tipo de conflictos”, acotó Guevara.
Las comunidades en cuestión tienen 22 días sin servicio de agua. Los habitantes aseguran que son discriminados por el jefe edilicio y sus empleados, quienes se han apoderado del sistema de abastecimiento “de manera antojadiza” y han dejado de brindarles el servicio por ser parte de las comunidades en la lucha por el agua en dicho municipio.
Ante ello, los defensores del agua afectados y criminalizados acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en busca de justicia.
“He venido a este lugar a exigir justicia para nuestra familia, nuestras comunidades”¦ Ya que en el caso personal, estoy siendo penalizado por algo que yo no cometí. Mi único delito ha sido trabajar fuertemente, arduamente con estas comunidades para llevar ese líquido que es la vida de nuestras familias”, aseguró Humberto Zúniga, habitante de la comunidad San Francisco.
Los defensores del agua de las 7 comunidades de Tacuba están siendo procesados por las autoridades judiciales salvadoreñas, quienes les acusan de un delito sin fundamentos probatorios, destacó Oscar López, abogado querellante de los líderes comunitarios.
“Como defensa hemos proclamado que los imputados no han cometido el delito de hurto de fluidos, se les intenta criminalizar por la falta de un proceso de resolución del conflicto por la gestión comunitaria del agua, y las comunidades están en vulnerabilidad jurídica por la falta de una legislación del agua”, explicó el jurista.
Este caso de la disputa por la administración y gestión comunitaria del agua no es exclusivo de El Salvador, es un fenómeno que sucede y crece en muchos países de América Latina, donde las autoridades locales y nacionales provocan los conflictos con las comunidades al intentar apropiarse del denominado oro azul.
