Las víctimas de contaminación con plomo en el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, aún demandan justicia y atención en salud a los responsables de la contaminación y a las autoridades salvadoreñas.
La familia de Claudia Menéndez, residente del cantón Sitio del Niño, es una de las más de 1,132 familias afectadas en la zona que siguen esperando respuesta a sus demandas.
“Soy afectada, mis hijos son afectados del plomo desde que se empezaron los tramites de la acusación de la afectación del plomo por la Récord, tenemos papeles haciendo constar que mi hijo mayor de 14 años si es afectado, también a mi hijo de 8 años le ha afectado el plomo y a mi niña de 6 años le hicieron exámenes de plomo, pero no me dieron los resultados no sé porque, si hay bastante gente que ha afectado el plomo en la comunidad”, asegura Menéndez.
Ante las denuncias de los pobladores, los directivos de la empresa Baterías de El Salvador han intentado sorprender con arreglos injustos a la población afectada con una indemnización de $150 para cada familia, solución que los habitantes consideran “ridícula”, opinó la habitante Maura Reyes.
“Es una burla esa conciliación que no están ofreciendo. Se están burlando de la población de Sitio del Niño, de los más de mil niños afectados. Estamos dañados en la salud y nadie está de acuerdo en esa conciliación”, aseguró.
Por su parte, Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, exigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que audite a los jueces que han actuado penalmente sobre el caso y se investigue la razón por la que no se han pronunciado en relación a la Responsabilidad Civil Subsidiaria que tiene la empresa Baterías de El Salvador con las víctimas.
Además, hicieron un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que se investigue y sancione a los directivos de Baterías de El Salvador, que permanecen en dicho territorio a pesar de haber violado derechos fundamentales de miles de personas y ser prófugos de la justicia nacional e internacional, manifestó Alejandro Gómez, abogado de Tutela Legal.
“Todos sabemos que son la familia Lacayo, ellos están viviendo en Miami y consideramos que nos es conveniente que personas que han violado derechos humanos, sujetos que son prófugos de la justicia, no pueden estar viviendo en Estados Unidos. La población ha decidido exigir al fiscal, órgano judicial y al gobierno de Estados Unidos, porque no se ve ninguna intención de que los dueños vengan a afrontar los procesos”, declaró el querellante.
Pese a lo anterior, en ninguno de los procesos judiciales abiertos los directivos de la empresa Baterías de El Salvador han reparado los graves daños a la salud de los habitantes de Sitio del Niño y extrabajadores de la fábrica. Además, aún permanecen miles de cantidades de escoria y ceniza de plomo en el interior de la empresa, profundizando la contaminación y agravando la salud de los habitantes de la zona.
A pesar de esta severa contaminación, las autoridades de Medio Ambiente abandonaron los planes de cuarentena y vigilancia. Así mismo, las autoridades de Salud dejaron de brindar los servicios de atención a las víctimas con plomo en la sangre, sin conocerse la razón de esta decisión gubernamental.
