La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles dos demandas de amparo de víctimas de desplazamiento forzado causado por pandillas, y estableció a organismos de seguridad dar las garantías de protección a las víctimas, y de retorno para recuperación de bienes materiales que no han podido rescatar a causa de las amenazas en su contra.
De acuerdo con la admisión de las demandas de la Sala, se trata de dos grupos familiares que habían denunciado en delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre los hechos. La Sala señaló que ni PNC, Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos activaron los protocolos de protección pese a que conocía de los hechos.
“La Sala de lo Constitucional considera que ambas demandas de amparo cumplen con los requisitos para ser admitidas. En dichas resoluciones se ordena que la PNC y la FGR, mediante los canales correspondientes, adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto de las amenazas en su contra por parte de miembros de las pandillas, así como las medidas pertinentes para judicializar a los responsables”, dice la Sala en su sentencia.
La admisión de la demanda también exige que, debido a la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio y tenencia de bienes inmuebles de los demandantes, se ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y se restringe el acceso al expediente judicial al público en general.
En octubre pasado, la Sala también admitió otra demanda por desplazamiento forzado en el caso del grupo familiar de un militar amenazados por la pandilla Barrio 18.
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La admisión de dicho cuerpo legal se da en momentos en los que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein incluyó entre sus señalamientos al gobierno salvadoreño, los “escandalosos” índices de violencia en contra de la población por miembros de pandillas, como los desplazamientos forzados.
Las demandas fueron admitidas por los magistrados Florentín Meléndez, Edward Sidney Blanco y Rodolfo González.
