La Asociación ProBúsqueda de Niñez desaparecida desmintió este viernes al Ministerio de la Defensa Nacional quien niega tener documentos oficiales sobre el operativo denominado “Mario Azenón Palma” de agosto de 1982 en San Vicente, en el que según la ONG, desaparecieron cinco infantes; Defensa respondió obligada por dos sentencias de la Sala de lo Constitucional emitidas entre septiembre y diciembre del año pasado.
Según ProBúsqueda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió dos sentencias con fecha 1 de septiembre y 6 de diciembre del año 2017 en las que determinó que es factible establecer la ocurrencia de ambos operativos, así como la desaparición de cinco infantes en el lugar y fechas señalados por sus familiares, y por consiguiente que los responsables de las desapariciones son presumiblemente miembros de la Fuerza Armada.
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Además la Sala, con base a criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó entre otras cosas, que deben llevarse a cabo investigaciones serias sobre el paradero de las víctimas, y que el Estado debe garantizar que ningún obstáculo impida tal investigación.
También señaló que el Ministerio de la Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, han mostrado un “comportamiento inactivo” en cuanto a brindar informes sobre lo acaecido en dichos operativos, y que tal comportamiento contraría sus mismas obligaciones legales así como los estándares construidos a nivel internacional en materia de Derechos Humanos.
Por lo que le dio 15 días tanto al ministro de la Defensa como al jefe del Estado Mayor de la FAES para realizar una búsqueda de información interna sobre los operativos militares, la desaparición de los cinco menores de edad y los responsables de tales desapariciones, comunicar el resultado de dichas indagaciones a la Sala y a la Fiscalía General de la República, y en caso de negarse a hacerlo, que se hiciera del conocimiento al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para que haga cumplir la ley como superior de las instituciones.
No obstante, y según ProBúsqueda, Defensa respondió que “… después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos institucionales, se ha podido establecer que no se encuentran documentos y registros de ningún tipo, relacionados al supuesto operativo militar "Mario Alberto Azenón Palma”¦”
Al respecto, esta ONG expresó que existe una memoria de labores del Ministerio de Defensa y De Seguridad Pública entre el 1 de julio de 1982 y el 30 de junio de 1983 entregada a la Asamblea Legislativa de la época.
“Dicho informe, en su apartado tres: “Operaciones”, inciso A) figura: A) se realizaron 15 operaciones principales en todo el territorio nacional, entre ellas las operaciones “Guazapa 10”, “Azenon Palma”, “Morazan”, “Jucuarán”, “Escalante Acebedo”, en las que se infringió clara derrota a la subversión””, destaca ProBúsqueda.
Ante ellos, esta ONG señala el comportamiento de dichas instituciones, espera una respuesta y se realicen esfuerzos serios para determinar la verdad de los hechos ocurridos en los operativos “Domínguez de Pacificación” o “Guinda de Mayo” de 1982 y “Mario Azenón Palma” con la intención de dar cumplimiento al objetivo principal de las Habeas Corpus, que es determinar el paradero de las personas desaparecidas.
