El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó este lunes una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir la destitución del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma Trejo, luego que este ordenara el desalojo de 57 familias de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán.
El director del IDHUCA, José María Tojeira, catalogó de “violación de derechos humanos” la orden del juez de Paz.
“Se ha violado el derecho a una vivienda. Ellos han tenido que dormir en la calle y a merced del peligro; también el derecho a la salud porque hay riesgo que contraigan enfermedades. Se ha impedido traer canopies para proteger a las familias e impidieron la entrada de comida por algún tiempo”, mencionó.
“Un juez que no cumple la Constitución es un juez que debe ser destituido. Creemos que la CSJ debe investigar este caso”, agregó.
Asimismo, Tojeira denunció que defensores de derechos humanos y periodista no pudieron ingresar a la comunidad para atender a las víctimas.
“Impidieron a defensores legales de las personas desalojadas y a periodista que entraran al lugar”, explicó.
El representante IDHUCA criticó al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano por no haber conseguido vivienda digna para las personas afectadas.
“El juez debió obligar al viceministerio de Vivienda a dialogar con los pobladores y encontrar una solución digna”, expresó.
El pasado 16 de mayo, José Antonio Palma Trejo ordenó el desalojo de familias de la comunidad El Espino. Entre los afectados se encuentran 65 menores de edad, 60 adolescentes, 129 adultos y 2 adultos mayores y personas con discapacidad. Por el momento los pobladores se han instalado en el Boulevard Cancillería en Antiguo Cuscatlán.
