El juez de Primera Instancia de Jiquilisco, Manuel Santos, decretó en la audiencia del miércoles detención provisional para Pablo Henríquez Ayala, padrastro y agresor de Imelda Cortez, quien será acusado de violación agravada en menor o incapaz, en un delito continuado en el Tribunal de Sentencia de Usulután, declaró el juez.
En el juicio, Santos admitió la evidencia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la querella. También desestimó la solicitud presentada por la defensa del agresor que pedía cambiar la calificación jurídica del delito a violación.
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La fecha para la vista pública será emitida por el Juzgado en los próximos días, mientras tanto Henríquez permanecerá en prisión en el Centro Penal de Jucuapa, en Usulután.
“El juez resolvió pasar el caso a juicio y decidió que Henríquez continué en prisión provisional. Aceptó toda la prueba, pese a que la tesis de la defensa dijo que ellos tuvieron relaciones sexuales después de que Imelda cumplió 18 años; sin embargo, el juez no aceptó el cambio de delito porque aseguró que si hay elementos de que hubo violación desde la niñez, por lo que aceptó toda la prueba presentada por la Fiscalía y la querella”, declaró Bertha Deleón, apoderada legal de Imelda.
Tanto la querella como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto han solicitado al juez, que Henríquez pague $50 mil dólares en concepto de indemnización civil a favor de Imelda, más costos procesales.
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De acuerdo con la Fiscalía y las organizaciones de Derechos Humanos y la Mujer, Henríquez violó a Imelda desde los 12 a los 19 años. Producto de la violaciones, la joven quedó embarazada a los 18 años y en abril de 2017 experimentó un parto extrahospitalario.
En un principio la Fiscalía acusó a la joven de homicidio agravado en grado de tentativa, delito que fue cambiado durante la vista pública por el abandono y desamparo en menor incapaz. En diciembre del año pasado, Imelda fue absuelta de la acusación por el juez Noé García del Tribunal de Sentencia de Usulután, quien la consideró una víctima del caso.
Las organizaciones han reiterado en diversas ocasiones que la joven, de actualmente 21 años, estuvo detenida injustamente por 20 meses y aseguraron que seguirá el proceso del caso para evitar que este quede en la “impunidad”.