El coronel retirado salvadoreño, Inocente Montano, rindió este lunes su declaración ante el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional de España (ANE) por su vinculación a la masacre de los jesuitas y dos de sus colaboradoras de noviembre de 1989, y en su declaración reconoció la presencia del expresidente Alfredo Cristiani en reuniones previas a la masacre.
De acuerdo con la revista Factum que tiene presencia en el juicio en Madrid, Montano dijo no haber tenido “nada que ver” en la decisión de asesinar a los seis sacerdotes jesuitas, y apeló a la cadena de mando, afirmando que Alfredo Cristiani, el primer presidente abanderado por el partido ARENA, era el jefe supremo de la Fuerza Armada Salvadoreña en 1989.
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Aseguró además que el mismo Cristiani se reunió el alto mando de la Fuerza Armada a las 11:00 de la noche del 15 de noviembre de 1989, pocas horas antes de ejecutar la masacre en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de San Salvador; no obstante, aseguró que nunca se habló de asesinar a los jesuitas.
Los escenarios
Para el analista político, Juan José Martel, la primera consecuencia de este señalamiento en contra del exmandatario es mediática.
“Se había tratado de mantener a Cristiani fuera de ese problema, pero ya hay un militar (que fue su viceministo de Seguridad) que señalando cuál es la cadena de mando, define que comienza con la Presidencia de la República; es importante porque en este caso, Cristiani sería el principal autor intelectual y dejaría a Montano un poco fuera sino se demuestra que no está en la cadena de mano, lo cual dudo”, expresa Martel.
Dice que si se demuestra lo de la cadena de mando, los acusadores del caso podría pedir una extradición; además, sostiene que la mención del primer presidente abanderado por ARENA sí podría tener un efecto electoral debido a la coincidencia del juicio con los tiempos electorales en el país.
“Ojalá que fuera un efecto positivo de sentar las bases para una política de justicia restaurativa, pero tengo la impresión que será más visto en el sentido negativo de recordar las atrocidades que hubo en el pasado, pero sin proponer soluciones de cómo enfrentar el futuro”
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Por su parte el analista y exdiputado, Jorge Villacorta, dice que se debe profundizar más en el señalamiento, y que la Asamblea Legislativa debe impulsar una Ley de Justicia Restaurativa para poder saber qué procede judicialmente con acusaciones del pasado, para llegar a la verdad y no solo por castigar.
“No se puede aplicar el Código Penal actual frente a una situación como esta que debe de legislarse. Cuando la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, abrió un espacio para que Legislativo construyera un marco legal acorde a estas situaciones”, opina Villacorta.
Manifiesta que si se profundiza en el señalamiento, ve difícil una extradición de Cristiani a España, cuando el sistema judicial salvadoreño lo podría procesar acá.
Asimismo, dice que el caso no tendría por qué tener repercusiones políticas, si se trata de individualizar las responsabilidades.
“No veo incidencia política. Son cosas del pasado que si se llega a establecer la verdad, sería responsabilidad individual de la persona y no político-partidaria”, expresa.
En tanto, el firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, es enfático al basarse en las conclusiones del informe de la “Comisión de la Verdad” sobre las irrefutables pruebas contra los implicados. Pero también opina que en el marco judicial en el caso de Cristiani, serán las pruebas las que definan su futuro.
“Desde el punto de la verdad jurídica, que debe estar documentada con pruebas, si no se logra comprobar la responsabilidad de Cristiani, es muy difícil llegar a algo. Si no hay pruebas o testigos, no hay caso”, opina Cañas.
Sobre una silla de ruedas, el militar y exviceministro de Defensa se dirigía a la esperada sesión con el juez García Castellón. Es el único miembro de todo el grupo de gobernantes salvadoreños que será juzgado en España por ordenar en 1989 la conocida como “Masacre de la UCA”.
Montano está acusado de cinco delitos de asesinatos terroristas y crímenes de Lesa Humanidad.
