Los ataques en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional han recrudecido admitió este miércoles el magistrado de dicha Sala, Sidney Blanco, quien argumenta que hay sectores que no quieren que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantenga investigaciones en contra de actos de corrupción.
“Lo hacen para amedrentar a la CSJ para que se abstenga de seguir haciendo investigaciones en corrupción. La corrupción ha sido un flagelo fuerte y eso explica el deterioro de los derechos sociales”, expresó Blanco en la entrevista matutina de TCS.
El magistrado ejemplificó con el caso de el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca que actualmente investiga la Sección de Probidad de la CSJ.
“El caso del señor Elmer Charlaix causó tanta repugnancia al interior de la Corte en Pleno que fue unánime la votación para ordenar que sí habían indicios de enriquecimiento ilícito”, dijo.
El caso de Charlaix salió a la luz pública luego de que el pasado 14 de octubre la Sala de lo Constitucional determinara juicio civil en su contra acusándole de enriquecimiento ilícito al no justificar más de 18 millones de dólares de su declaración patrimonial.
Sidney Blanco lamentó el aumento de ataques en contra de los magistrados; admitió que desde que declararon inconstitucional los $900 millones en bonos y la Ley de Amnistía el pasado 13 de julio, los ataques se intensificaron.
“Hay manifestaciones todos los días, ponen una tarima frente a la Corte, les dan su refrigerio luego se van", expresó el funcionario y añade “nosotros nunca le dijimos a la Asamblea que no podía volver a discutir el tema de los $900 millones”.
Asimismo desmintió que como Sala hayan prohibido establecer nuevos impuestos o divulgar los nombres de los deudores del Fisco como según dijo, lo han manifestado algunos funcionarios de gobierno.
Recientemente la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por la creciente tensión entre el Gobierno salvadoreño, algunos sectores de la sociedad civil y los magistrados de la Sala de lo Constitucional y llamó a autoridades a respetar sus fallos y a no promover los ataques.
En otro tema, Blanco aseguró que la Sala recibe anualmente cerca de 1, 800 demandas de inconstitucionalidad de las cuales son resueltas 1, 400 aproximadamente, tomando como base la urgencia, la antigí¼edad y la importancia de la demanda; expresa que cuando hay una demanda de trascendencia de país, las resoluciones son más tardadas.
“Cuando se trata de temas nuevos donde se generará un impacto al país en general, la Sala suele demorar y analizarlos muchas veces, sobre todo el cuidado de lo que se dirá en la sentencia”, dijo.
Aseguró que entre las demandas que se analizan se encuentra una en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Sistema Integrado de Transporte (Sitramss), entre otros.
El magistrado aseguró que este miércoles discutirán una demanda de inconstitucionalidad que prefirió no decir y no descartan una sentencia al respecto.
