El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador dejó sin efecto la audiencia especial en el caso jesuita que tenía programada para el próximo martes 10, debido a que el juzgador tendrá que resolver unos escritos presentados por la defensa de varios militares señalados en el caso, según informó el Centro Judicial "Isidro Meléndez".
A la audiencia, que serviría para definir si se reabre o no el caso, estaba citado Alfredo Cristiani, expresidente de la República y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas entre 1989 y 1994 quien según la jueza, debía responder sobre el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989, aunque la parte acusadora no lo ha implicado en el hecho.
Lea también: Juzgados citan a Cristiani por asesinato de jesuitas de la UCA
De acuerdo al artículo 313 del Código Procesal Penal, se puede hacer uso de excepciones, por lo que el juzgado mandará a oír a las partes durante los tres días hábiles.
La petición de reabrir el caso fue realizada en noviembre del año pasado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
La Comisión de la Verdad planteó en su informe de 1993 que "el entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dio al coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos”¦”, cita el informe.
Por este mismo caso es procesado judicialmente el coronel en situación de retiro, Orlando Inocente Montano en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, tras haber sido extraditado de Estados Unidos en noviembre pasado.
Lea también: Se abre caso Jesuitas en España: Almudena Bernabeu
Actualmente el juzgado sigue en proceso el estudio de la solicitud de reapertura del proceso judicial contra los autores intelectuales de la masacre ocurrido el 16 de noviembre de 1989, donde perdieron la vida seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, dicha solicitud fue presentada por Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), José María Tojeira, Director del IDHUCA, y Arnau Baulenas, abogado del IDHUCA.
