PDDH: Fiscalí­a debe investigar crí­menes de guerra

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El pasado miércoles la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistí­a para la Consolidación de la Paz creada en 1993

El titular de la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, señaló que la Fiscalí­a General de la República (FGR) tiene en sus manos hacer cumplir  la  sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia e investigar a los responsables de crí­menes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña.

El pasado miércoles la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistí­a para la Consolidación de la Paz creada en 1993 con la que se otorgó protección a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador y de la guerrilla  que cometieron crí­menes mientras combatí­an en el conflicto armado que duró doce años en el paí­s.

Morales expresó que esta es una sentencia más que pone a prueba “si la voluntad judicial cambiará”; para el titular en todas las administraciones de FGR ningún titular de la entidad ha cumplido con la ley y aplicaciones de tratados internacionales y de la constitución.

“La sentencia emitida por la sala no anula completamente los efectos de la Amnistí­a, se excluye de la Amnistí­a los crí­menes de guerra y lesa humanidad que están contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad u otros de igual gravedad, es decir, se está acomodando al estándar de los derechos humanos  en cuanto a los alcances de la Amnistí­a”, acotó Morales.

De esta forma, Morales enfatizó que la sentencia no anula completamente los efectos de la Ley de Amnistí­a ya que esta protege a los excombatientes de ambos bandos a quienes no se les imputa crí­menes de lesa humanidad.

“Desde el año 2000 hay sentencias que ordenan investigar desapariciones de niños; a su vez en el 2011 la Sala mandó a investigar la masacre de San Francisco Angulo y en el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó investigar masacre de niños y el Mozote”, dijo el titular de la PDDH.

Según Morales, el problema de la impunidad no ha estado en el fondo en la Ley de Amnistí­a sino ha radicado en la postura de jueces y fiscales que en casos concretos han decidido favorecer a los “represores” y discriminar a las ví­ctimas.

El ombudsman concluyó que esta sentencia debe verse como una conquista de las ví­ctimas  y  organizaciones de en pro de los derechos humanos; quienes desde 1993 han presentado demandas de inconstitucionalidad y multiplicidad para acciones de justicia.

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