Miembros del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) denunciaron este jueves que por mandato del juez José Antonio Palma quien ordenó el desalojo de la comunidad El Espino en Santa Tecla, no pueden ingresar ni abogados, psicólogos y ayuda en general de parte del IDHUCA a las familias desalojadas.
Fuentes cercanas al IDHUCA confirmaron que el bloqueo de la ayuda a las familias continúa este jueves, y que desalojados aún permanecen a la intemperie sin vislumbrar soluciones de vivienda.
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Ayer, por órdenes del juez Palma, agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) procedieron a desalojar a unas 57 familias que llevaban décadas viviendo en el casco urbano de la finca El Espino, propiedad dela familia Dueñas.
El IDHUCA denunció además que el desalojo se realizó sin presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), representación legal de la comunidad, representantes del IDHUCA, ONGS a fines a las necesidades de la Comunidad El Espino, y sin permitir el ingreso a medios de comunicación, ni comunicadores institucionales.
Autoridades del gabinete de Seguridad aclararon que el control de la situación la tiene el Juez y el Tribunal a cargo del caso, y que la UMO y PNC tienen un rol auxiliar en el caso.
“Hacemos un llamado a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, al Estado salvadoreño y a la Comunidad Internacional, a que se solidaricen con los habitantes de la Comunidad El Espino, brindándoles alimentos, agua y frazadas, así como toldos y/o plásticos para que las personas puedan protegerse de la lluvia, ellas y sus pertenencias”, expresó el IDHUC A en sus redes sociales.
Se estima que son 65 niños y niñas, 60 adolescentes, 129 adultos y 2 adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad las personas afectadas por el desalojo, haciendo un total de 57 familias desalojadas.
