La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público recientemente sus conclusiones y observaciones de la visita de trabajo que realizó a El Salvador en noviembre del año pasado, en el que muestra su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas, por lo que llama al país a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.
Según las conclusiones de este organismo, en materia de seguridad El Salvador aún se posiciona entre los países más violentos del mundo. La CIDH observa que, si bien las tasas de homicidios han disminuido en el país en los últimos años, dichas cifras se mantienen entre las más elevadas a nivel regional y global. La tasa de homicidios de El Salvador en 2017 fue de 60 por cada 100,000 habitantes, frente a un índice de 103 en 2015 y 81 en 2016.
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Asimismo, señala con preocupación el despliegue de militares para apoyar tareas de seguridad pública, en vista de los reiterados señalamientos de ejecuciones extrajudiciales que recaen sobre miembros de la Fuerza Armada (FAES) o Policía Nacional Civil (PNC) teniendo a la base las denuncias e investigaciones que registra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH) sobre este asunto.
La CIDH expresa que, de acuerdo con la información aportada por organizaciones de la sociedad civil, en 2014 se registró la participación de 7,900 militares en tareas de seguridad pública, mientras que a la fecha dicha cifra se habría duplicado a14.000 agentes militares.
Asimismo, señala las crecientes denuncias por desplazamientos forzados por violencia. La CIDH insta al Estado de El Salvador a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, a elaborar un diagnóstico y a recolectar datos sobre las diferentes tipologías que adopta esta problemática para buscar soluciones al fenómeno.
Según la organización CRISTOSAL que da seguimiento a casos de desplazamientos forzados, el informe es de mucha trascendía para El Salvador, país que aún no reconoce este flagelo y no da suficientes garantías para afrontarlo ni resguardar a sus víctimas.
“CRISTOSAL espera que este llamado de la CIDH incida para avanzar en la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno”, dijo a ContraPunto, Abraham Ábrego, abogado y miembro de dicha organización.
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El organismo también mostró su preocupación a la voluntad gubernamental de extender las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales, que a su juicio, son atentatorias de los derechos humanos de los privados de libertad.
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Otro de los temas señalados es el sexual y reproductivo de las mujeres. Si bien la CIDH aplaude esfuerzos como leyes y proyectos en beneficio de la mujer salvadoreña, aún recrimina la violencia sexual, la saña de los feminicidios, su impunidad, y la criminalización absoluta del aborto que genera a su juicio, aumento de morbilidad y mortalidad materna de mujeres que sin opciones legales, seguras y oportunas, buscan someterse a prácticas peligrosas e incluso mortales.
Según Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), el Estado salvadoreño no está asumiendo las recomendaciones de la CIDH con seriedad, y muestra de ello son las constantes visitas de relatores de ese organismo al país.
“La visita de comisionados de la CIDH al país indica que hay preocupación extremadamente fuerte por parte de la CIDH y con sus informes hace un llamado a que el Estado salvadoreño asuma esos compromisos con mucha seriedad para erradicar esas situaciones que se están dando”, expresa Montenegro.
Dice que hay poca seriedad del Estado en cuanto a responder a los señalamientos de la CIDH, y considera urgente que concretice las acciones en estos casos, que asuma mayor interés y que los entes del Estados asuman esta responsabilidad con compromisos.
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Montenegro opina que ya hay consecuencias por no asumir las recomendaciones: la primera, es la irresponsabilidad del Estado ante la CIDH, Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas de no asumir concretamente estas recomendaciones.
Y la segunda consecuencia y “más dolorosa”, es que no se asume en el lugar donde se está cometiendo esta situación.
“Aquí es la urgencia que el pueblo salvadoreño está pidiendo que realmente asuma con mucha responsabilidad, y que los entes del Estado asuman con seriedad y no con actitud irresponsable de que sí se hará y nunca se hace. Los que están sufriendo directamente acá son las víctimas”, concluye Montenegro.
La CIDH realizó una visita de trabajo a El Salvador del 20 al 22 de noviembre de 2017. La delegación estuvo integrada por la Comisionada Margarette May Macaulay, en su calidad de Relatora de la CIDH para los Derechos de las Mujeres y de Relatora de país.
