Ha pasado un año desde que la Sala de lo Constitucional dio el mandato claro y directo de ejecutar acciones concretas para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado debido a las amenazas de grupos criminales. Los diputados, en estos meses, han postergado el tema mientras más familias se suman a esta situación que restringe sus libertades. El Ejecutivo, en tanto, ha reconocido el fenómeno durante la administración del presidente Nayib Bukele.
“Mi impresión es que hay falta de interés por el tema de las víctimas”, dijo Abraham Ábrego, de la Dirección de Atención a Víctimas en Cristosal. Aunque desde diferentes instancias han expresado la intención de ayudar a los afectados, “en la práctica no lo vemos concretizado con acciones”, agregó.
El desplazamiento forzado es cuando una persona, o un grupo familiar, interrumpen todas sus actividades ordinarias debido a una amenaza concreta y real contra su integridad. En algunas ocasiones encuentran un nuevo lugar para reinstalarse y comenzar todo de nuevo. Pero también hay quienes se ven obligados a encerrarse, día y noche, hasta que la amenaza termine.
La encuesta de la UCA sobre desplazamiento forzado, correspondiente a 2018, indica que un aproximado de 235,700 personas han tenido que huir de sus domicilios para protegerse a sí mismos, o a sus familias, de una amenaza o un hecho violento.
En el caso de la organización Cristosal, enfocada en los derechos humanos y acceso a la justicia, han observado un incremento en los casos que toman sobre desplazamiento forzado por la violencia. Según Abraham Ábrego, director del programa de atención a víctimas en Cristosal, en 2018 comenzaron a trabajar con 700 víctimas de este situación, y en lo que va de 2019, el número ha incrementado a 1,500. En cuestión de medio año, la cantidad de personas que buscó el apoyo de Cristosal se duplicó. Ábrego matizó que en esta cantidad están incluidos aquellos que se resignan al confinamiento, a no salir por ningún motivo de su casa. Como se dijo al inicio, personas que han cambiado por completo su rutina y su plan debida por una amenaza contra sus vidas. “Y estos son datos solo de una organización”, señaló Ábrego.
El apoyo de Cristosal no se limita a, por ejemplo, asesoría legal. Su trabajo incluye atención integral, como por ejemplo, la psicológica. Estas personas enfrentan un trauma constante por la incertidumbre diaria en la que viven y los cambios drásticos. Pero, de cualquier manera deben tener claro cuáles son los siguientes pasos que deben tomar para reorientar su plan de vida, de la manera más independiente posible.
Funcionarios pueden caer en desobediencia a la autoridad
La Sala de lo Constitucional, en julio de 2018, ordenó al Estado reconocer el desplazamiento forzado como un problema grave contra grupos vulnerables en zonas controladas por pandillas y que encuentra su origen en el clima de inseguridad (sentencia 411-2017). El caso
lo promovió Cristosal en representación de una de las familias que se enfrentó a esta tragedia. En su resolución, este tribunal consignó que el desplazamiento transgrede derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad.
Además, la Sala dio seis meses para que el Estado hiciera el refereido reconocimiento. También ordenó crear una partida especial, o un apartado, en el plan de gastos nacional para atender a las personas afectadas por esta situación. El plazo vencía el 13 de enero de este año. Pero han pasado seis meses más y no se ha cumplido con lo que la máxima autoridad judicial ordenó.
Los funcionarios que han permitido estas omisiones podrían, incluso, caer en desobediencia a la autoridad que representa la Sala de lo Constitucional.
“En general, no se ha cumplido. Lo que vemos son cumplimientos parciales”, explico Ábrego. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), durante la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén (presidente) y Mauricio Ramírez (ministro del ramo), elaboraron una propuesta de políticas y de protocolo a seguir frente a las víctimas del desplazamiento forzado. Pero, hasta el momento, no se le ha dado seguimiento.
En junio pasado, el vicepresidente Félix Ulloa dijo, precisamente en un evento público de Cristosal, que el desplazamiento forzado es un problema de nación que durante esta gestión tendrán que atender.
Sin embargo, ni se ha creado la ley ni se ha incluido en el presupuesto general nacional un apartado específico para estas víctimas. Ábrego indicó que la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (una dependencia gubernamental con autonomía en su presupuesto) y la Dirección de Atención a Víctimas del MJSP son las que atienden, con recursos propios, a los afectados por este problema. Según Ábrego, al menos para el caso del ministerio dependen de la contribución especial aplicada al servicio de telefonía (que suele abreviarse CESC). “Si no existiera esa contribución, no tendrían fuente de financiamiento”, advirtió Ábrego.
Según Cristosal, la falta de una legislación -o, en todo caso, una normativa ejecutiva- orientada a prevenir el desplazamiento forzado y atender a las víctimas es consecuencia del no reconocimiento del problema por parte del Estado. Esto genera el efecto de dominó que mantiene a los hogares afectados en abandono.
Cristosal envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para atender a las víctimas y prevenir el desplazamiento forzado en agosto de 2018. Luego, en mayo de este año enviaron una nueva iniciativa para enriquecer la propuesta original. Incluso las víctimas han enviado decenas de cartas a los diputados, pidiendo el apoyo para crear el anterproyecto de ley. Dos propuestas de legislación más, sobre el mismo tema, también están en estudio. Ábrego señaló que los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales en la Asamblea encargaron a una comisión especial que compare las tres propuestas, las analice y elabore una propuesta como producto de este estudio. Esto aún está pendiente.
Esta organización también ha enviado correspondencia a la Sala de lo Constitucional y pedir audiencia con las instituciones responsables de cumplir con la sentencia de julio 2018. Hasta el momento, el tribunal no ha contestado.
