El Salvador prohí­be la minerí­a metálica

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La nueva ley antiminerí­a inhabilita 16 solicitudes pendientes de actividad minera

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles con 69 votos, la Ley de Prohibición de la Minerí­a Metálica para El Salvador, con lo que da por concluida una discusión que se alargó por más de 10 años para alcanzar los acuerdos y aprobar los 11 artí­culos que prohí­ben la extracción, exploración y toda actividad minera en el paí­s.

La ley inhabilita 16 solicitudes de actividad minera que procesaba el Ministerio de Economí­a (MINEC) y le otorga la autoridad para conocer todo lo relativo a la minerí­a en el paí­s y a las disposiciones de la normativa aprobada este dí­a.

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Dicha cartera de Estado deberá, según el artí­culo seis de la referida ley, coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) la restauración ambiental de daños causados por las minas.

La votación contó con la aprobación de todas las fracciones polí­ticas. Incluso del partido ARENA. El FMLN también aplaudió la decisión, y reiteró que no existe la “minerí­a responsable”.

El anteproyecto de ley fue presentado en 2006 y desde entonces habí­a sido archivada y discutida al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. La aprobación se da previo a la Semana Santa, tal y como los diputados se comprometieron el pasado 9 de marzo ante la Iglesia Católica y organizaciones ambientales que dieron el último impulso para exigir la prohibición de la minerí­a.

La ley se remarca los reveses que ha sufrido la industria minera en el paí­s en los últimos meses. En octubre de 2016 el Banco Mundial falló a favor del Estado salvadoreño en una demanda interpuesta por la minera Oceana Gold, que argumentaba que El Salvador no le permití­a hacer explotación minera en Sensuntepeque, Cabañas. La denuncia se amparaba en el marco del Tratado de Libre Comercio.

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El Banco Mundial ordenó a la empresa a suspender sus actividades y a pagar $8 millones de dólares al paí­s. El pasado 28 de marzo de este año, El Salvador aún no habí­a recibido el pago, por lo que ante el retraso el Banco Mundial decretó que la empresa, además de dicha cantidad, deberá pagar intereses al Estado salvadoreño.

Foto cortesí­a/Guillermo Gallegos

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