“Lo que El Salvador no reconoce”. Así se denomina un estudio elaborado por las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Casos de Desplazamiento Forzado por la Violencia 2017-2018.
El diagnóstico contempla un muestreo de la población totalmente vulnerable, que según la encuesta de opinión sobre el Desplazamiento Forzado por la Violencia y las Medidas Extraordinarias elaboradas por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), en conjunto con CRISTOSAL, la cifra ronda 235 mil 700 víctimas aproximadamente en el 2018.
El estudio lo que deja en claro es evidenciar el desarrollo del fenómeno, tendencias y cambios en cuanto a vulneraciones y necesidades de atención y protección de las víctimas de desplazamiento forzado durante los últimos dos años.
Los datos recabados por la Mesa contra el Desplazamiento Forzado por Violencia (MCDF), integrada por Servicio Social Pasionista (SSPAS); Asociación que impulsa proyectos sociales (ASPRODE); (FESPAD), Cruz Roja Española y la organización que lucha contra los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres transexuales (COMCAVIS TRANS), revela que los tipos de violencia recurrentes son: amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra las mujeres y/o acoso proveniente tanto de grupos delincuenciales como agentes de seguridad pública, explicó Ernesto Mejía de ASPRODE.
Estas manifestaciones de violencia, obliga a la población a desplazarse hacia zonas que garanticen un mínimo de seguridad pero con condiciones de desarrollo deficientes.
Y aunque se han aplicado algunas estrategias de atención a las víctimas, todavía queda una deuda pendiente; y es precisamente por la Asamblea Legislativa y otras entidades estatales que no han creado una normativa o ley que proporciones a las víctimas una respuesta integral y acciones que ayuden a disminuir la crisis que impacta en la vida de la ciudadanía afectada.
En el contexto de El Salvador, el término “amenaza” puede derivar en varias aristas, el intento de homicidio puede ser considerado también como amenaza a la vida, el homicidio de una persona puede ser percibido como amenaza a la seguridad de su familia y convertirla en víctima de desplazamiento forzado interno por la violencia.
Según datos registrados por la MCDF, para el 2017 se reportaron 144 casos por desplazamiento motivados por amenazas y; en 2018 se registraron 289, aumentando en un 100% en relación al año anterior.
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En octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional, admitió un amparo presentado por una familia que había sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. Cabe resaltar el reconocimiento que hizo la Sala del desplazamiento forzado en el país, con lo que sentó jurisprudencia en futuros procesos.
Vivir en estado de precariedad en sí mismo ya constituye un gran problema en el país, la situación se vuelve más compleja en las personas víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia, pues las oportunidades de acceso a empleo se vuelve imposible como consecuencia de su inestabilidad y la vulneración provocada por las amenazas y la falta de protección.
Durante los años 2017 y 2018 se atendieron 483 casos de desplazamientos forzados.
2017: 122 en la zona occidental; 17 en la zona central; 12 en la zona paracentral; 9 en la zona oriental.
2018: 167 en la zona occidental: 39 en la zona central; 28 en la zona paracentral; 18 en la zona oriental.
Entre 2017 y 2018 la población adulta atendida se incrementó en un 152.78% pasando de 288 a 728.
Los niños, niñas y adolescentes atendidos también se incrementaron en el mismo período en un 14.29%, pasando de 280 a 320. En los últimos dos años se atendieron 600 niños, niñas y adolescentes.
Con base a los casos registrados por la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, se identifican como agentes persecutores de desplazamiento forzado a los grupos de pandillas, seguidos de éstos se encuentran los casos de desplazamiento generados por la PNC y la Fuerza Armada, por eso la desconfianza de las personas de acudir a las autoridades.
Como una de tantas recomendaciones, el Estado debe incorporar en sus estrategias de seguridad la consulta permanente y ampliada de organizaciones de la sociedad civil para el diseño e implementación de medidas que sirvan para enfrentar el fenómeno de la violencia y particularmente al desplazamiento interno forzado por violencia y crimen organizado.
Pero además, es importante contar con una base de datos que permita dimensionar y visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia y crimen organizado. El Estado debe crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos sobre este problema que al final permita diseñar e implementar políticas y marcos jurídicos pertinentes. (ContraPunto)
