La Asamblea Legislativa está con el reloj en contra para la elección de los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues los actuales funcionarios culminan su mandato de cinco años el 31 de julio.
Pero lo que llama la atención es que, al menos dos de los candidatos a propietarios; uno presentado por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y otro por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ARENA, tienen antecedentes que podrían afectarles en sus pretensiones para llegar al máximo ente electoral del país.
Se trata de José Gerardo Hernández Rivera por GANA; y Noel Antonio Orellana por la Corte Suprema y ARENA. Este último actualmente ocupa el cargo de gerente de Operaciones Legislativas del Palacio Legislativo.
En el caso de Hernández Rivera, y a quien le correspondería la presidencia del TSE porque su partido ganó las elecciones presidenciales de febrero pasado, es un hombre muy cercano al instituto político que lo ha propuesto, La Revista FACTUM en una investigación efectuada en agosto de 2018 este personaje aparece como donante del partido que lo ha incluido en el listado, concretamente ha dado aportes económicos al diputado Guillermo Gallegos.
Pero hay más. Hernández Rivera, fue el defensor de Wilfredo Gutiérrez, que formó parte del equipo legal del empresario Enrique Rais, que es prófugo de la justicia.
Hernández Rivera, también fue defensor del exdiputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN), Wilver Alexander Rivera, condenado por lavado de dinero a 15 años de prisión en julio de 2016.
El otro caso es el de la propuesta para propietario por el máximo tribunal de justicia. Se trata de Noel Orellana, quien para comenzar en julio de 2001 aparece en el Informe Vidales, que se encargó de investigar títulos irregulares de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Roberto Vidales fue el fiscal especial designado por la Fiscalía General de la República (FGR),
Orellana aparece en este informe, en “investigación”, Se graduó de la Universidad de Las Américas (ULAES), que fue aprobada por el ramo de Educación el 15 de abril de 1982, Fue cerrada por el Ministerio del Interior en 1998 por irregularidades en la emisión de títulos e incumplimiento de requisitos mínimos para su funcionamiento.
Este abogado, que tiene un salario de $4.400 por desempeñar el cargo de gerente de Operaciones Legislativas en la Asamblea fue presidente del Tribunal del Servicio Civil (TSC) desde el 2000.
En el período 2015-2018 fue condenado por la Corte de Cuentas de la República a pagar $500, por haber recibido $22,000 en dietas en el 2015.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), también lo condenó junto a los otros dos magistrados por violaciones laborales, luego que no le concedieran permiso a una empleada para participar en una actividad deportiva, Al final la PDDH ordenó al tribunal regresarle los descuentos que le habían aplicado a la empleada.
En 2017 Noel Orellana fue denunciado en la Corte Suprema de Justicia y se pidió la remoción en su cargo por cometer una serie de irregularidades, entre estas apropiarse de recursos del Estado. Como ejemplo: registro de compras en supermercados por montos superiores a los $56,000 y de manipular dos sentencias; una de ellas, en la que cambió su decisión para garantizar su quinta reelección como presidente del TSC.
En octubre de 2017 Orellana acompañó a cuatro diputados a Rusia para participar en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se celebró en San Petersburgo. La Asamblea gastó $19,000 en viáticos para este viaje.
En todos los casos en que se ha visto involucrado el candidato de la Corte Suprema para magistrado del Tribunal Electoral, siempre ha aclarado que las acusaciones no han prosperado y que todo se encuentra en orden.
La Comisión Política comenzará con las entrevistas de los postulantes y puedan tomar posesión de sus nuevos cargos a partir del 1 de agosto para el período (2019-2024).
El artículo 208 de la Constitución de El Salvador establece que el TSE está integrado por cinco magistrados propietarios e igual número de suplentes.
La Constitución de 1950, estableció que el Consejo Central de Elecciones (CCE) era el máximo organismo en materia electoral y estaba conformado por tres magistrados propuestos por los tres poderes del Estado; es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución de 1962 mantuvo lo establecido por la ley primaria anterior.
En 1991 en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del FMLN, que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se acordó reformar el artículo 208 de la Carta Magna para suprimir el CCE y crear el TSE con su función y composición actual.
Nómina de propuestas de partidos políticos y Corte Suprema de Justicia (CSJ)
GANA
Propietarios
José Gerardo Hernández Rivera
Jaime Salvador Rivera Andino
Hemerson Stanley Serrano Lemus
Suplentes
Rodrigo Antonio Barahona Escalante
Miguel Guillermo Deras Funes
Ana Guadalupe Concepción Vásquez Batarse
FMLN
Propietarios
Julio Olivo
Víctor Manuel Deodanes Renderos
Jonatan Michel Sisco
Suplentes
Carmen Veraliz Velásquez Sánchez
María Petrona Pineda de Mena
Elvira Yanneth Ramírez Garay
CSJ
Propietarios
Rubén Atilio Menéndez
Louis Benavides
Ronald Avilés
Miguel Ángel Cardoza
Noel Orellana
Julio Portillo
Suplentes
Karla Rosales
Gilberto Cardona
Blanca Paz
Giovanni Rosales
Lucas Chinchilla
Sonia Liévano
ARENA
Propietarios (presentó dos ternas)
Ronald Oswaldo Avilés López
Louis Alain Benavides
Rubén Atilio Meléndez
Miguel Ángel Cardoza
Julio Emilio Portillo
Noel Orellana
Suplentes
Juan Gilberto Cardona Jiménez
María Blanca Paz Montalvo
José Lucas Chinchilla Hernández
Sonia Clementina Liévano de Lemus
Karla María Rosales Hernández
Alberto Marihno Rosales y Rosales
