Desde Ginebra, Juan Gasparini.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, actualizó hoy en Ginebra los casos de represión contra la población civil, perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, desde la revuelta popular contra el aumento de las pensiones en 2018. Los nuevos datos completan informes precedentes, publicados hasta marzo pasado. Ahora destacan más «detenciones ilegales y arbitrarias» contra la población civil, y opositores.
«El gobierno continua expandiendo restricciones indebidas a los espacios cívicos y democráticos, al tiempo que profundiza su control sobre el poder judicial, y lo utiliza para implementar una campaña sistemática de represión», impulsando «una perversa negación del Estado de derecho, utilizando todas las instituciones del sistema de justicia para perseguir a sus opositores reales o percibidos», consigna el informe.
El documento cita entre otros ejemplos, los de «5 mujeres y 25 hombres, detenidos desde marzo de 2024, en el contexto» del avasallamiento de los «espacios cívicos», antes evocados. La ONU ha identificado «al menos 23 mujeres y 108 hombres detenidos en relación con la crisis de los derechos humanos», según denuncias de la «sociedad civil», junto a «11 juicios virtuales celebrados sin las debidas garantías procesales».
La ofensiva del matrimonio Ortega-Murillo contra la población arrasa con «opositores políticos, lideres indigenas y religiosos, y académicos e intelectuales», hacinados «en condiciones carcelarias inhumanas, lo que agravan el sufrimiento de las víctimas y sus familiares». Se los escarmienta sometiéndolos a «aislamiento prolongado, sin acceso a atención médica, medicamentos, y artículos de higiene, ni a visitas familiares».
Al respecto, la ONU ha verificado la ausencia de «condiciones sanitarias adecuadas» en los lugares de reclusión, afectando «de forma diferente, con especial riesgo para las personas con enfermedades crónicas» y privando «sistemáticamente a las mujeres detenidas de los servicios de salud sexual y reproductiva». En ciertos casos, el gobierno «se ha negado incluso a reconocer el hecho de la detención, como el del diputado y líder indígena Brooklyn Rivera».
Tales «practicas de incomunicación y desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos, poniendo en serio riesgo el derecho a la vida y la integridad física y mental de los detenidos. Este trato podría, en algunas circunstancias, equivaler también a tortura». La ONU expresa su inquietud por «la situación de Jaime Navarrete, participante de las protestas de 2018, quien permanece detenido, a pesar de haber cumplido su condena en enero de 2023», cuya «integridad física y mental está en grave riesgo».
A su vez, la Oficina del Alto Comisionado, sigue de cerca el caso «de la destacada defensora de los derechos humanos, Doña Vilma Núñez, que ahora tiene 85 años y fue desposeída de su nacionalidad en febrero de 2023. Desde entonces se le han denegado sus derechos a una pensión, a la asistencia sanitaria y a ejercer su profesión de abogada. Está sometida a vigilancia y acoso policial, lo que afecta gravemente a su derechos a la intimidad, y a la vida familiar». La ONU pide al gobierno de Nicaragua «que cese inmediatamente el acoso contra ella, le devuelva la nacionalidad y le restituya su licencia de abogada».
Otra «tendencia preocupante» señalada por la ONU en Nicaragua, es la «persecución activa de miembros» y activistas religiosos, viendo «atacadas sus instituciones en contravención del derecho a la libertad de religión». Se cancelaron «varias celebraciones católicas durante Semana Santa por temor a represalias». Y «8 asociaciones adscriptas a iglesias evangélicas han cesado sus actividades bajo presión o han sido despojadas de su personalidad jurídica, con lo que el número de asociaciones evangélicas disueltas asciende a 311 desde 2019».
En semejante contexto, resulta inquietante la situación de «11 lideres evangélicos detenidos en diciembre de 2023», que «llevan casi 7 meses privados de acceso a sus familias y a un abogado. Fueron condenados por lavado de dinero en juicios que no respetaron los derechos humanos». Estas detenciones forzadas «constituyen graves violaciones de los derechos humanos, que ponen en grave peligro el derechos a la vida y a la integridad física y mental de los detenidos», pudiendo equivaler, «en algunas circunstancias», a practicas de «torturas», consigna la ONU.
Sin embargo, junto a las denuncias y las criticas, la ONU afirma que «la situación de los derechos humanos en Nicaragua puede aún revertirse y restablecer el respeto por el Estado del derecho». Por tanto exhorta al gobierno «sandinista», a que ponga «inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente; que permitan la comunicación y las visitas de abogados y familiares de los detenidos, y que se restablezcan los derechos de todas las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad».
Para fomentar «una reconciliación genuina y una paz sostenible» en Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, insta a las autoridades en Managua, a «revisar sus leyes y políticas y a colaborar con los actores nacionales y la comunidad internacional, para garantizar la protección de los derechos humanos». Hace un llamado a las autoridades a «colaborar» con las instancias de la ONU, respetando la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en pos de «una reconciliación genuina y una paz sostenible».
