El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expresó este domingo que confirma con convicción plena su decisión de declarar como "persona non grata" al comisionado antiimpunidad de la ONU en el país, el colombiano Iván Velásquez, cuya expulsión, resuelta por el mandatario, fue frenada por un amparo.
"Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG)", dijo el mandatario en un mensaje transmitido a través del Canal de Gobierno, con señal por cable.
Rechazó, al mismo tiempo, que sus motivaciones para esta decisión obedezcan a cuestiones personales. El mandatario es señalado por el delito de financiamiento electoral ilícito en el proceso de 2015 que lo llevó a la Presidencia para el período 2016-2020.
Una solicitud de antejuicio (proceso para despojarlo de su inmunidad) fue planteada el viernes en su contra por el Ministerio Público (MP/Fiscalía) y la CICIG.
En su mensaje, Morales pidió al pueblo de Guatemala su "confianza" ante "una decisión de esta envergadura". "Actúo por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad y no, como se les está haciendo creer, por razones personales", dijo.
Explicó que el viernes, cuando tuvo una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su decisión de apoyar y fortalecer el trabajo de la CICIG, pero "apegada a su mandato", debido a que "el rumbo de las acciones del señor Velásquez se estaba alejando de cumplirlo".
El mandatario denunció que Velásquez se excedió al ejercer presiones sobre diputados al Congreso de Guatemala "por distintos medios" para la aprobación de reformas constitucionales y no permitir que fuera el Legislativo el que "discutiera y aprobara institucionalmente, como manda la Constitución".
También dijo que Velásquez se "excedió de sus funciones" al originar publicaciones por medios de comunicación con "acusaciones a ciudadanos guatemaltecos sin observar la garantía constitucional de presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso".
De acuerdo con el mandatario, el trabajo de la CICIG tiene otro ámbito, regido por su mandato (acordado y ratificado en los años 2006-2007 entre la ONU y el Estado de Guatemala).
"La comisión debe apoyarnos en materia de seguridad regional y en combate a cuerpos clandestinos y crimen organizado que hoy aterrorizan a la población guatemalteca. Los guatemaltecos honestos y trabajadores demandan que esas estructuras sean combatidas y por eso se creó la CICIG", subrayó.
Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala frenó la expulsión del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, que había sido ordenada horas antes por el presidente Jimmy Morales.
"Esta corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente de la República", anunció el presidente de la CC, Francisco de Mata Vela, al término de una reunión de emergencia del organismo.
¿Qué es la CICIG?
La Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), que se estableció en 2007 para combatir las acciones de los cuerpos ilegales de seguridad, se convirtió en un importante mecanismo de lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
Surgió a partir de un acuerdo del Gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas a partir de la preocupación por la existencia de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), especialmente derivados de la desarticulación en 2003 del Estado Mayor Presidencial (EMP).
El EMP era una temible unidad militar que en teoría sirvió para hacerse cargo de la seguridad del presidente y vicepresidente, pero que también ejercía roles de inteligencia.
El fin primoridial de la CICIG, de acuerdo con el mandato otorgado, es "apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos".
Ello, mediante "el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro".
En 2013 la ONU designó al ex magistrado colombiano Iván Velásquez para dirigir la CICIG. En 2015, Velásquez dio un giro a la acción del órgano cuando destapó un primer caso de corrupción que, meses después, condujo a la dimisión del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015).
Estos resultados fueron valorados y apoyados por la población. De hecho, hace exactamente dos años, el 27 de agosto de 2015, se registró una masiva y espontánea manifestación frente al Palacio Nacional de Gobierno – sede del Ejecutivo- contra Pérez que representó el punto final de su administración.
El mandatario dimitió el 2 de septiembre y cuatro días después se celebraron elecciones, en las que Jimmy Morales se hizo con el triunfo en las urnas.
Morales, que ahora está en el centro de las investigaciones de la CICIG y ordenó la expulsión del país de su jefe, asumió el 14 de enero de 2016 con la firme promesa de luchar contra la corrupción y en apoyo a la transparencia.
En abril del año pasado, el presidente solicitó a la ONU una nueva extensión de dos años del mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2017.
