La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que se debe “garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela”, según Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos de la OEA. Las declaraciones fueron dadas durante una reunión abierta con delegaciones gubernamentales en la sede de la ONU en Ginebra, a la que accedió este corresponsal.
Dicha condición de refugiados se extiende a las personas “que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas (en Venezuela) debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público», leyó Abrao.
En presencia de Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para Derechos Humanos, Abrao estimó que “la grave y compleja crisis de la migración forzada de persona venezolanas a otros países tiene un alcance transfronterizo y, como tal, requiere de una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y del respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas”.
La OEA exhortó a “respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano sea a través de procedimientos de deportación o expulsión o cualquier otra acción de las autoridades, de personas venezolanas que estarían en riesgos de persecución u otras violaciones graves a sus derechos humanos, incluyendo un riesgo de afectación grave a su salud o su vida por condiciones médicas”.
De acuerdo con cifras aportadas por la OEA, proporcionadas por el ACNUR, “se contabilizan 133.574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, al tiempo que se registran 350.861personas venezolanas que optaron por otras alternativas migratorias para estancia legal, dirigiéndose principalmente a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá; así como otros países del mundo”.
La OEA reconoció de hecho el uso de medios clandestinos para fugar de Venezuela, al admitir que le preocupan “rechazos en frontera, expulsiones o deportaciones colectivas, la dificultad de muchas personas venezolanas para obtener pasaportes u otros documentos oficiales exigidos por algunos Estados para regularizarse o ingresar de forma regular a sus territorios, pagar los costos de solicitudes de visas y el acceso igualitario a derecho en los países de destino”.
Subrayó al respecto que “tuvo noticia de casos de personas extranjeras que adquirieron la nacionalidad venezolana y que luego fueron privadas arbitrariamente de la misma, así como el riesgo de apátrida que enfrentan las hijas e hijos de personas venezolanas que han ingresado de formas irregular al territorio de otros países”.
Abrao insistió en “no criminalizar la migración de personas venezolanas, para lo cual (hay que) abstenerse de adoptar medidas tales como el cierre de fronteras, la penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección internacional, la detención migratoria; y discursos de odio”.
El comisionado Joel Hernández, que secundó a Abrao en la visita a Ginebra, pidió a Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que ofrece la comunidad internacional, y que permita una visita “in loco” al país de la CIDH para chequear la situación, instancia “integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia”.
