El Comité contra la Tortura de la ONU le pidió a Honduras “información detallada sobre el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la muerte de Berta Cáceres”, la militante ecologista de la comunidad indígena “lenca” de Honduras, asesinada en su domicilio el pasado 3 de marzo, se lee en un dictamen difundido en Ginebra.
Compuesto por diez expertos independientes de diferentes regiones del mundo, elegidos por los países que han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, este Comité lamentó que Honduras “no (le) haya proporcionado mayor información sobre las investigaciones que indican la implicación de un oficial en activo del ejército hondureño en el asesinato de Berta Cáceres”, cuando una delegación del gobierno hondureño compareciera días pasados en Ginebra.
El Comité se quejó además que el gobierno de Honduras no comentó “las informaciones periodísticas según las cuales el nombre de la activista figuraba en una lista negra en manos de una unidad de elite del ejército”, aunque el documento de la ONU no cita ningún nombre de las supuestas personas involucradas en esos hechos.
“Preocupan también las informaciones relativas a amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables de estos actos”, subrayó el Comité.
Agregó “su preocupación por las informaciones que dan cuenta de declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas, poniendo así en riesgo su integridad física”.
En tal sentido el Comité exhortó a Honduras a “garantizar la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerles sus actividades”, y a “velar que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las amenazas y agresiones” que todos ellos sufren, al igual que los “miembros de la sociedad civil”.
Llamó asimismo la atención del Comité las 153 muertes violentas producidas en el sistema penitenciario, entre 2009 y 2014, de las cuales 81 “ocurrieron en la Penitenciaria de San Pedro Sula”, careciéndose de “información sobre los resultados de las investigaciones efectuadas” y si se han adoptado medidas “para prevenir la repetición de casos similares” y para indemnizar a los familiares de los fallecidos.
A tal efecto, los expertos instaron a Honduras a investigar “con prontitud, exhaustivamente y de manera imparcial todas las muertes de personas en detención, practicando en su caso las autopsias correspondientes”, incluyendo “evaluar cualquier posible responsabilidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, miembros de las fuerzas armadas y la policía, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada” a los deudos.
De acuerdo a los datos presentado por Honduras al Comité, entre 2009 y 2014, los órganos judiciales del país recibieron 1165 denuncias por torturas, y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó 54 acusaciones contra 92 miembros “de los cuerpos de policía, Fuerzas Armadas y otros servidores públicos, si bien durante el mismo periodo únicamente se dictaron cuatro sentencias condenatorias por actos de tortura con penas de prisión” no superiores a 5 años.
Al respecto el Comité solicitó a Honduras “garantizar que se investiguen … todas las denuncias de tortura y malos tratos por un organismo independiente, sin relación institucional o jerárquica entre los investigadores y los presuntos autores” “¦ que se inicien investigaciones de oficio” si hay sospechas de torturas, y proteger a los “denunciantes” y “testigos” de las “represalias”.
