A pesar de que el expresidente salvadoreño Mauricio Funes no tiene abierto un proceso penal en su contra ni mucho menos orden de captura, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador avalara el uso del “criterio de oportunidad”. Lo que abre la posibilidad de que uno de los 13 implicados que ha declarado en la investigación por posible lavado de dinero incrimine a un sospechoso a cambio de beneficios judiciales.
La FGR logró este mecanismo en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que realiza en contra del expresidente, su actual pareja, Ada Mitchelle Guzmán y el empresario Miguel Meléndez (MECAFÉ), y que ya ha derivado en allanamientos de negocios y viviendas de los implicados.
Actualmente el exmandatario enfrenta un juicio civil y fue demandado por enriquecimiento ilícito por la FGR, acatando resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por no justificar un incremento patrimonial por $552 mil 669 dólares.
De acuerdo con el artículo 295 numeral dos del Código Procesal Penal salvadoreño, la FGR podrá solicitar, concluidas las diligencias iniciales de investigación, que “se prescinda de la persecución penal en razón del criterio de oportunidad de la acción pública”.
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Según Óscar Campos, abogado especialista en temas anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), el criterio de oportunidad es una figura válida que la FGR puede utilizar, y con más razón, utilizarlo cuando la investigación sea compleja.
“Hay que recordarle al expresidente que esta figura no es única y exclusivamente cuando no se han encontrado pruebas, sino que se puede utilizar a criterio de la Fiscalía cuando el entramado de la realización de un acto que puede ser constitutivo de delito es demasiado complejo o que involucra a muchas más personas”, explica Campos.
El expresidente Funes expresó el pasado 20 de marzo por medio de sus redes sociales, que la FGR estaría utilizando esta figura ante la falta de pruebas en su contra.
Campos explica que en algunas ocasiones el criterio de oportunidad puede servir para un requerimiento inicial y para presentar una denuncia penal por algún delito; “sin embargo, es en la etapa de instrucción en la que este criterio se pone a prueba, se verifica que la información sea verídica y que puede llevar a resolver el caso”. Añade que es la FGR quien deberá corroborar esa información y reforzar con más pruebas y elementos de investigación.
El exmandatario también expresó que lo dicho por un criteriado para incriminarlo, puede ser alterado con tal de “salvarse” de una acusación o por los beneficios judiciales que le acarreará su declaración.
El abogado Campos lo respalda. Asegura que en proceso penal ya ha habido casos como esos en los que los criteriados son influenciados por gente de poder.
“Es posible que en algunos casos los testigos criteriados también tiendan a no ayudar a esclarecer los delitos simplemente porque lo que buscaban era un beneficio”, señala.
Pero el caso del expresidente no sería el único. Por ejemplo en agosto de 2007, el expresidente de ANDA, Carlos Perla, fue sentenciado a 15 años de prisión por actos de corrupción en la autónoma y un testigo criteriado ayudó a resolver el caso.
Campos asegura que por el momento no corre riesgo su asilo político recibido el pasado 2 de septiembre por el gobierno de Nicaragua, pues no hay un proceso penal abierto y el asilo se ha dado antes de cualquier orden de captura o acusación penal.
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